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Autoridades peruanas se desligan de culpas por incendio en Lima

El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y el alcalde de Lima, Alberto Andrade, se presentaron por separado ante la Comisión Permanente del Congreso para explicar qué medidas tomaron con respecto a la comercialización de productos pirotécnicos y se desmarcaron de las responsabilidades que le caben por la tragedia del fin de semana.

03 de Enero de 2002 | 19:58 | AP
LIMA.- Las autoridades peruanas empezaron este jueves a deslindarse de sus responsabilidades en el gigantesco incendio desatado el sábado por la explosión de juegos pirotécnicos que se vendían masivamente y sin medidas de seguridad en una zona comercial del centro de la capital.

El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y el alcalde de Lima, Alberto Andrade, se presentaron por separado ante la Comisión Permanente del Congreso para explicar qué medidas tomaron con respecto a la comercialización de productos pirotécnicos.

La Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, afirmó la víspera que la policía nacional -que depende del Ministerio del Interior- era responsable del desastre, que dejó 274 muertos, por no haber apoyado las operaciones de control de la municipalidad.

Rospigliosi rechazó las acusaciones y afirmó que el Estado y la sociedad tienen una responsabilidad compartida en el incendio. El Estado "por haber permitido la libre comercialización de los productos pirotécnicos durante años de años" y la sociedad por consumirlos masivamente durante las fiestas de fin de año.

"No se puede atacar genéricamente a una institución, tratar de bajarle la moral. ¡No señores!", dijo Rospigliosi en su intervención.

Calderón había dicho que recibió información de que policías alertaban a los comerciantes sobre las operaciones del municipio para incautar productos pirotécnicos, de modo que éstos escondieran sus mercaderías.

Además dijo que se retiró el cordón policial, lo que permitió el ingreso de gran número de comerciantes informales a la zona comercial de Mesa Redonda.

A su turno, Andrade denunció también el retiro de la vigilancia policial en la zona y pidió a los legisladores investigarlo. Además, señaló que cuando la municipalidad informaba a la policía sobre en qué zonas se sospechaba que había material pirotécnico almacenado, ésta demoraba en actuar, y para cuando llegaban a los lugares señalados, los comerciantes ya habían puesto a buen recaudo su mercadería.

Gabriela Adrianzén, directora municipal de Fiscalización y Control, ratificó la versión de Andrade. Dijo que una persona le informó que los comerciantes ya tenían conocimiento por anticipado de las operaciones de decomiso y que circulaban entre ellos documentos de la entidad de control de explosivos alertándolos sobre ello.

La funcionaria dijo que envió a un inspector disfrazado de vendedor ambulante y éste pudo verificar la misma información que dio el denunciante. "Son indicios de infidencia pero no tengo pruebas para acusar a nadie", sostuvo.

Indicó que desde fines de noviembre realizaron diariamente operaciones de control entre los comerciantes formales e informales de productos pirotécnicos, pero sólo pudieron incautar cinco toneladas. Sin embargo, después del incendio se ha decomisado 77 toneladas, precisó.

El Presidente Alejandro Toledo dijo la noche del miércoles que el año pasado se importaron 1.136 toneladas de este material.

El gobierno decidió prohibir en adelante la fabricación, venta e importación de juegos pirotécnicos, e imponer sanciones de hasta 10 años de cárcel para quienes infrinjan la norma.
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