Blair afronta fuerte oposición por polémica ley universitaria

Más de un centenar de diputados laboristas firmaron una moción en donde se oponen al proyecto de ley sobre las matrículas universitarias, que pretende cobrar a los estudiantes hasta un máximo de 3.000 libras anuales (4.200 euros), que deberán pagar una vez terminada la carrera.

03 de Diciembre de 2003 | 10:01 | EFE
LONDRES.- El Primer Ministro británico, Tony Blair, afronta hoy miércoles, una fuerte oposición en la calle y en las filas de su propio partido, debido al debate en el Parlamento del polémico proyecto de ley sobre las matrículas universitarias.

Un total de 149 diputados laboristas han firmado una moción para expresar su oposición al texto, con el que se pretende cobrar a los estudiantes matrículas de hasta un máximo de 3.000 libras anuales (4.200 euros), que deberán pagar una vez terminada la carrera.

El Gobierno, que cuenta con 419 diputados, defiende que el proyecto no es draconiano porque se eliminan las actuales matrículas, que se pagan al empezar el ciclo universitario pero son tres veces más bajas que las nuevas que quiere fijar la legislación.

Además, el monto será variable pues cada universidad podrá establecer la cantidad a cobrar dependiendo de las carreras, pero no superior a esas 3.000 libras.

Según Blair, este nuevo sistema ayudará a mejorar los recursos de las universidades y permitirá facilitar más becas a los alumnos de menores recursos en el Reino Unido.

En la sesión parlamentaria de preguntas al Primer Ministro, previa al debate de educación de hoy, Blair defendió el proyecto e insistió en que se trata de un sistema que facilitará el acceso a la "educación a todo el mundo y no a unos pocos".

En su opinión, el texto de legislación es más justo porque serán los mismos estudiantes los que pagarán las matrículas una vez graduados para ayudar a mejorar los fondos de las universidades, en vez de recurrir a un aumento general de los impuestos.

Blair consideró que un incremento de la carga fiscal no será justo para los contribuyentes que no han pasado por la universidad.

Al malestar de los diputados se suma el de los universitarios, cuya Unión Nacional de Estudiantes (NUS) ha organizado hoy una marcha hasta el Parlamento para exigir que se suprima el proyecto, pues consideran que dejará a los jóvenes con deudas gigantescas.

Se espera para el próximo mes de enero la votación del proyecto a fin de ganar más tiempo para convencer a los críticos de la necesidad de aprobarlo en el Parlamento.

De aumentar aún más la oposición de los laboristas y si éstos votan en contra del proyecto, Tony Blair puede sufrir su primera derrota en los Comunes desde que llegó al poder en 1997.

El ministro británico de Educación, Charles Clarke, insistió hoy en que el Gobierno ganará el voto pese a las críticas.

"La decisión más prudente es contar con más tiempo para analizar el asunto y eso es lo que hemos decidido hacer", puntualizó el ministro poco antes de la reunión que mantuvo hoy el jefe de Gobierno británico con el grupo parlamentario laborista para analizar el texto de legislación.

"Creo que lo más importante de nuestro proyecto es la modernización de nuestra economía y nuestra sociedad para afrontar los desafíos de un mundo globalizado de rápido cambio", dijo Clarke.

"Para invertir en el sistema universitario necesitamos aumentar los recursos y las propuestas del proyecto de ley tienen precisamente la intención de hacer eso", señaló el ministro.

El presidente del NUS, Mandy Telford, dijo que la marcha de hoy es uno de los instrumentos de su campaña para derrotar el proyecto y lograr un sistema más justo de financiación de universidades.

"La amenaza real de las matrículas debe ser derrotada y es vital que los diputados reconozcan exactamente lo que significan estas propuestas", subrayó Telford.

"Nadie puede ser ingenuo y pensar que el nivel de las matrículas se quedará en las 3.000 libras. Lo que ocurrirá es que las universidades van a cobrar lo que quieran", agregó.

Blair admitió el martes, en la rueda de prensa mensual en su residencia de Downing Street, que arriesga su autoridad personal con este proyecto de ley, pero insistió en que es fundamental para el futuro del Reino Unido.
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