Italia: Confirman definitivamente condena a militares argentinos

Fueron sentenciados, en ausencia, a penas de presidio perpetuo y 24 años de cárcel por la desaparición de ocho ciudadanos ítaloargentinos durante la dictadura militar.

28 de Abril de 2004 | 16:26 | Dpa
ROMA.- La Corte Suprema de Casación de Italia confirmó hoy en forma definitiva las sentencias de segundo grado contra siete militares argentinos, el ex general Guillermo Suárez Mason entre ellos, por la desaparición de ocho ítaloargentinos durante la última dictadura militar del país sudamericano (1976- 1983).

Se trata de la primera causa concluida fuera de Argentina contra un consistente grupo de militares, dicen grupos italianos de defensa de los derechos humanos, como la Liga Italiana para los Derechos de los Pueblos, que por esto la consideran fundamental para Italia y para el futuro de Argentina.

La emoción de los familiares presentes, Estela Carlotto, Angela Boitano y Dora Salas, y la satisfacción de los abogados Marcello Gentili y Giancarlo Maniga que durante 15 años llevaron adelante la causa, fue el corolario de largos años de espera de un proceso que empezó tímidamente en 1983 y que concluyó en primer instancia en diciembre de 2000 y en segunda instancia en marzo de 2003.

Hoy, al rechazar la instancia de improcedencia del juicio presentada por el estudio de Marcello Meandri, defensor de Suarez Mason, la Corte confirmó indirectamente y de forma definitiva la sentencia de segundo grado, que fue de cadena perpetua para Suárez Mason y para el general Santiago Omar Riveros, comandante de la Zona 4, y de 24 años de prisión para el prefecto naval de Tigre Juan Carlos Gerardi y cuatro de sus suboficiales.

Los acusados fueron procesados en ausencia y el único que tuvo un representante legal particular fue Suárez Mason. Los demás tuvieron abogados de oficio.

Según Angela Boitano, el proceso dio un vuelco importante a partir de 1998, cuando el Estado italiano decidió constituirse como "parte civil".

Después de la sentencia de hoy, la justicia italiana debe emitir un mandato de captura internacional contra los condenados, algunos de los cuales, como Suárez Mason, están ya detenidos por otras causas pendientes en Argentina. La justicia italiana puede asimismo, a través del Ministerio de Justicia, pedir la extradición de los condenados para que cumplan la sentencia en la península.

Estela Carlotto, cuya hija Laura y nieto Guido fueron dos de los casos de desaparecidos de este proceso, comentó a dpa luego de la sentencia que hoy se sentía "más italiana que nunca" porque "Italia ha logrado un triunfo sobre ciertos personajes siniestros de la historia argentina".

"Me siento muy italiana pero también con gran expectativa porque en mi país las cosas están cambiando y esto va a servir de mucho impulso", añadió

"Este juicio se hizo contra siete militares y ocho víctimas, pero así se hubiera hecho por una víctima, la condena es por los 30.000 desaparecidos", comentó a dpa Angela Boitano, que tiene dos hijos desaparecidos, vivió muchos años en Italia y fue quien, junto a Dora Salas y otros, iniciaron el lento proceso en 1983.

"Este importante paso dado por la justicia italiana debe ser un ejemplo para la justicia argentina, que ahora se está preparando para reabrir algunos casos", añadió.

Este proceso se hizo por los casos de Mario Marras y Martino Mastinu, ambos nacidos en la isla italiana de Cerdeña, Luis Alberto Fabbri, Laura Carlotto y su hijo Guido, Norberto Morresi, Pedro Mazzochi y Daniel Jesús Ciuffo.

La Casación ha confirmado de esta manera, "la extraterritorialidad del derecho", es decir que es posible perseguir a quienes cometen delitos contra ciudadanos italianos en el exterior, "y esto puede tener enormes implicaciones para Argentina y para Italia", explicó el abogado Gentili.

Gentili apuntó asimismo que la sentencia podría tener importantes consecuencias sobre los otros tres juicios abiertos todavía en Italia por desaparecidos italianos en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Para el abogado Maniga, en cambio, la sentencia es motivo de "profunda satisfacción, porque finalmente se concluye un procedimiento que pasó por muchas vicisitudes pero también porque puede ser un estímulo para la justicia argentina, ahora que las leyes de obediencia debida y punto final han sido anuladas, a fin de no dejarse sustituir por la justicia de otros países".

Las motivaciones de las sentencias se conocerán recién en uno o dos meses, estimaron los abogados.
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