Alcalde boliviano acusado de corrupción fue quemado vivo

Benjamín Altamirano, edil del poblado aymara de Ayo Ayo, estaba siendo investigado, pero la justicia le había dado un amparo constitucional debido a que las acusaciones en su contra aún no se sustentaban con pruebas.

15 de Junio de 2004 | 19:29 | DPA
LA PAZ.- El alcalde del poblado boliviano aymara de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue quemado vivo hoy, presuntamente por campesinos del lugar que lo acusaban de corrupción.

Altamirano había sido secuestrado este lunes en La Paz por desconocidos que lo llevaron a su propia residencia, donde fue quemado esta madrugada, tras lo cual su cuerpo carbonizado fue llevado hasta la plaza principal del distrito de Sica Sica.

Un concejal de Sica Sica, Saturnino Apaza, uno de los líderes de la oposición al burgomaestre, fue capturado como presunto responsable después de que familiares de la víctima lo identificaran como quien dirigió el asesinato.

El caso hizo recordar al sucedido en abril pasado en el poblado peruano de Ilave, también Aymara, donde el alcalde Cirilo Robles fue asesinado a golpes por vecinos que lo acusaban de corrupción.

El prefecto de La Paz, Nicolás Quenta, dijo al informar lo sucedido que Altamirano, aymara como la inmensa mayoría de habitantes de Ayo Ayo, estaba siendo investigado, pero la justicia le había dado un amparo constitucional debido a que las acusaciones aún no se sustentaban con pruebas, por lo que se mantenía en el cargo.

"Un acto criminal como éste no será permitido en nuestro departamento. Los culpables deberán ser castigados de acuerdo a ley", manifestó Quenta.

Cuando los campesinos de Ilave asesinaron a su alcalde, expertos de Bolivia y el Perú expresaron temor de que el ejemplo pudiera ser imitado en otras comunidades aymaras.

Uno de los principales referentes políticos de esa etnia, el líder radical boliviano Felipe Quispe, justificó en su momento la muerte de Robles y reivindicó el derecho de la comunidad a actuar según sus propias reglas, pero otros aymaras han rechazado tal argumento.

Al igual que en el caso de Altamirano, las acusaciones contra Robles no estaban probadas.

El asesinato se da en un ambiente de conmoción social en el área rural del departamento de La Paz, donde los aymaras son amplia mayoría, por las movilizaciones de los campesinos en pro de la nacionalización del gas y de otras demandas, la que se expresa en bloqueos de vías y demostraciones de fuerza.
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