CIUDAD DE MÉXICO.- Un día después de aprobarse la despenalización del aborto en ciudad de México, el gobierno del Presidente Felipe Calderón anunció que estudia una apelación ante la Corte Suprema.
Una posibilidad es que el recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal sea solicitado por los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), aunque puede hacerlo también la Procuraduría General o la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por su parte, la Iglesia Católica mexicana dijo que la pena de excomunión recaerá de inmediato sobre "quien legisla a favor del aborto; quienes lo promueven y trabajan para hacerlo realidad; quien lo induce u obliga a la mujer a abortar, el médico, enfermera o persona que lo realiza, y la mujer que lo lleva a cabo".
Los excomulgados serán impedidos de participar en oficios religiosos, recibir la comunión, la confesión y demás sacramentos, advirtió la Arquidiócesis Primada de México, a cargo del cardenal Norberto Rivera, quien es investigado por el Ministerio de Gobernación por "entrometerse en política".
Rivera, de visita en Roma, lanzó días atrás duros ataques a los partidos que promovieron la iniciativa para despenalizar el aborto, sobre todo el de la Revolución Democrática (PRD), e inclusive su secretario, Valdemar Romero, fue acusado de promover amenazas de muerte contra legisladores.
El alcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, tiene un máximo de 30 días para ordenar la publicación de la ley en el Diario Oficial del gobierno de la ciudad, lo que determinará la promulgación de la enmienda.
El PAN lanzó un llamado a Ebrard para que vete la legislación, pero el edil ya había anticipado que no la bloqueará.
Asimismo, la ministra de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, anunció el fortalecimiento de la enseñanza sexual en el país para "prevenir embarazos no deseados", y dijo que en los libros de texto que el gobierno federal distribuye gratuitamente en el sistema público de enseñanza, "se contempla mencionarlo".
La reforma aprobada ayer define al aborto como la interrupción del embarazo después de 12 semanas de gestación y contempla sanciones contra las infractoras de penas leves de prisión conmutables por trabajo comunitario, aunque condenas de 5 a 10 años de prisión a quienes obliguen a una mujer a abortar.
Sin embargo, la ley acepta la "objeción de conciencia" de los médicos, y mantiene sin cambios las cuatro causales ya existentes para permitir el aborto: embarazo por abuso sexual, malformación genética, imprudencia y cuando esté en peligro la vida de la madre.
La organización antiabortista Pro Vida anunció ayer que llevará adelante acciones de "resistencia civil" contra la reforma.
Después de la sesión de 10 horas en la que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la iniciativa promovida por la mayoría del PRD, con el apoyo de otras fuerzas políticas, la Secretaría de Salud de la ciudad se declaró preparada para atender la demanda.
El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló a través de su director Juan Molinar, que milita en el PAN, que no podrá atender a mujeres que deseen interrumpir su embarazo porque se rige por leyes federales, a pesar de que el ministro de Salud, José Ángel Córdova, afirmó que todas las clínicas del sector atenderán los abortos.
La organización no gubernamental Grupo de Reproducción Elegida calcula que al menos mil mujeres mueren al año en México por abortos mal practicados, mientras el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática calcula en 110 mil el número de abortos inducidos.
