GUATEMALA.- El juez español Baltasar Garzón aseguró que no existen fundamentos para la investigación que hace el Consejo General del Poder Judicial, sobre el cobro de 200.000 dólares por dictar conferencias en Estados Unidos mientras tomaba un año sabático.
"Si es una persecución, no lo sé, tampoco me importa demasiado y las cuentas están muy claras y sabe cómo quedan claras, declarando al fisco, a hacienda (...) a la norteamericana y a la española", dijo hoy en una conferencia de prensa en la capital.
Garzón está en Guatemala para participar en un taller sobre justicia internacional sobre violaciones a los derechos humanos.
El juez, quien cobró notoriedad internacional por instruir juicios contra ex dictadores bajo el principio de universalidad de la justicia, se abstuvo de extenderse en el tema porque "estoy fuera de mi país".
Cuando regrese a Madrid, el viernes, "hablaré largo tendido y a lo mejor incluso me tienen que decir que ya tengo que callarme", señaló.
El Consejo General del Poder Judicial le investiga por recibir 203.000 dólares cuando tomaba un año sabático, pero con goce íntegro de su salario, en Estados Unidos entre 2005 y 2006.
La comisión disciplinaria del Consejo decidirá si Garzón debería haber notificado a sus superiores que cobraría dinero en Estados Unidos.
Si se encuentra falta en las acciones del juez, éste podría enfrentar desde una multa en caso de ser una falta leve hasta la expulsión de la carrera judicial, en el caso más grave.
"Soy ya veterano en estas historias (...) también se me han interpuesto alrededor de 45 querellas criminales a lo largo de 21 años al frente del juzgado central de instrucción número cinco que investiga delitos que en principio podrían determinar que alguien no los investigue", añadió.
Sin embargo, no vinculó la presente investigación con algún caso particular. "Hay momentos en que cada uno toma decisiones como querellarse contra el juez, considerarle incapacitado o quitarle del medio", expresó.
Además de perseguir a ex dictadores, Garzón es conocido en España por instruir procesos por terrorismo contra la organización separatista ETA y por perseguir a funcionarios acusados de corrupción.
