Barack Obama consiguió nuevo apoyo del gobierno para seguir investigando a terroristas

Esto, aunque algunas autoridades dicen que la nueva legislación plantea una serie de interrogantes que podrían complicar y perjudicar esta situación.

18 de Diciembre de 2011 | 11:17 | AP
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WASHINGTON.- Después de una encarnizada puja en el Congreso, el gobierno de Barack Obama mantuvo el derecho a investigar y juzgar a los sospechosos de terrorismo ante la justicia civil, aunque las autoridades dicen que la nueva legislación plantea una serie de interrogantes que podrían complicar y perjudicar la investigación de casos de terrorismo.

Durante la batalla que comenzó en mayo y concluyó esta semana con un proyecto de compromiso sobre defensa, el gobierno libró una lucha cuesta arriba contra una mayoría de republicanos y algunos demócratas que trataban de expandir el papel de los militares reduciendo a la vez el papel de los tribunales civiles en la lucha antiterrorista.

Fue el esfuerzo más reciente de los conservadores por mantener abierta la prisión militar en Guantánamo, Cuba, para encerrar en ella por tiempo indefinido a los sospechosos de terrorismo y designar comisiones militares en vez de tribunales civiles para impartir justicia.

Al final, el gobierno obtuvo una victoria importante. Durante las negociaciones entre las dos cámaras del Congreso se excluyó del proyecto de defensa una disposición que habría eliminado la autoridad del poder ejecutivo de usar tribunales civiles para juzgar casos de terrorismo contra extranjeros.

La nueva ley requeriría custodia militar para todo sospechoso que sea miembro de Al Qaeda o "fuerzas asociadas" y que esté involucrado en la planificación o el intento de comisión de un ataque contra Estados Unidos o sus socios de coalición. La custodia militar no se aplicaría a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

El presidente o un subordinado designado podría excusar el requisito de custodia militar certificando al Congreso que dicha medida sería de interés para la seguridad nacional.

La nueva ley "aumentará el costo político" cuando el gobierno decida juzgar a un detenido ante la justicia civil, dijo el profesor de derecho Robert Chesney, de la Universidad de Texas, que se desempeñó en el Departamento de Justicia en 2009.

Sin embargo, Chesney agregó que "esta ley da flexibilidad al presidente" para tener juicios civiles "y por lo tanto la ley no es tan mala como dicen sus adversarios ni tan útil como suponen sus partidarios".

En el debate tuvo participación importante el FBI, la agencia que ahora debe operar en un ambiente en el que los militares desempeñan un papel mayor.

En una carta del 28 de noviembre al Congreso, el director del FBI Robert Mueller advirtió que la ley inhibirá la capacidad de la agencia para persuadir a supuestos terroristas que cooperen y suministren informaciones.

Mueller intentó plantear ese argumento en una audiencia del Comité de Asuntos Jurídicos esta semana, pero encontró poco eco en el senador republicano Jeff Sessions.

Funcionarios policiales, que hablaron con la condición del anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre el tema, dijeron que no será fácil trabajar con una nueva serie de reglas que deben ser redactadas en los próximos 60 días antes de que la ley entre en vigencia.
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