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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 13:36
BRASILIA.- El presidente de la Corte Suprema de Brasil, Joaquim Barbosa, denegó hoy el pedido de arresto inmediato de políticos, empresarios y ejecutivos de bancos condenados por corrupción en el llamado "juicio del siglo", que terminó el lunes pasado.
Barbosa rechazó la solicitud formulada por el jefe del Ministerio Público, Roberto Gurgel, quien el miércoles había pedido el encarcelamiento inmediato de los condenados a la cárcel por nexos con un escándalo de pago de sobornos a legisladores que sacudió Brasil en 2005, durante el pasado gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.
Según el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), al menos "en tesis", los veredictos definidos durante el juicio todavía pueden ser modificados, y sólo entrarán en vigor cuando estén agotadas todas las posibilidades de recurso por parte de los condenados.
Además, el magistrado consideró que no hay necesidad de arresto preventivo de los condenados, ya que todos tienen prohibido salir del país sin autorización del STF y ya entregaron sus pasaportes a la Corte Suprema.
Entre los condenados a penas de cárcel están el ex ministro del Gabinete Civil de la Presidencia del gobierno Lula José Dirceu, y otros tres importantes líderes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT): el ex presidente de la agrupación José Genoino, el ex tesorero Delubio Soares, y el ex presidente de la Cámara Baja Joao Paulo Cunha.
El pedido de arresto presentado por Gurgel generó gran tensión política en Brasil, ya que afectaba a tres diputados federales: Joao Paulo Cunha, del PT, Valdemar Costa Neto, del Partido de la República (PR) y Pedro Henry, del Partido Popular (PP).
El presidente de la Cámara Baja, Marco Maia, criticó duramente la solicitud presentada por Gurgel, y sostuvo que sería "inconstitucional" dictar el arresto inmediato de los diputados condenados.
"Ningún parlamentario puede ser arrestado, salvo in fragranti o después de una condena definitiva", expresó el diputado del PT, quien no descartó ni siquiera la posibilidad de conceder "asilo" en el Congreso a los tres legisladores, en caso de que su arresto fuese ordenado por el presidente del STF.
