Diez miembros de ETA son juzgados desde hoy en un tribunal de Francia

PARÍS.- Una decena de presuntos miembros de ETA, entre ellos cuatro de los que fueron jefes del grupo, comparecen ante el Tribunal de lo Criminal de París a partir de hoy en un juicio que devuelve a la actualidad la pervivencia de esa organización terrorista.

En el banco de los acusados está Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", considerado el responsable militar hasta su detención en noviembre de 2008 y uno de los más duros de la banda, al que acompañan tres que ocuparon también ese puesto: Aitzol Iriondo, Jurdan Martitegui y Mikel Carrera Sarobe, "Ata".

Los otros seis inculpados son Ohian Barandalla Goñi, Alaitz Aramendi Jaunarena, Ander Múgica Andonegui, Luis Ignacio Iruretagoyena Lanz, Aitzol Etxaburu Artetxe e Itziar Plaza Fernández.

Al comienzo del proceso, que va a prolongarse durante cuatro semanas, se espera un pronunciamiento por parte de los imputados, que deberán responder de su implicación en agosto de 2007 en el secuestro de una familia de San Sebastián en las Landas, cuyo vehículo fue utilizado para un atentado fallido con un furgón bomba en la provincia española de Castellón.

Tres portavoces de la izquierda abertzale, Xabi Larralde, Maribi Ugarteburu y Txelui Moreno, han anunciado su presencia en la primera audiencia, con intención de hablar a los medios de comunicación, en un momento en que han arreciado los cruces de declaraciones sobre supuestas negociaciones sobre el desarme de ETA.

El mensaje repetido por los etarras juzgados en Francia en los últimos tiempos es que la organización sigue a la espera de una negociación con los gobiernos español y francés sobre lo que llaman "las consecuencias del conflicto vasco", y que entre otras cosas incluye el desarme o la suerte de los presos.

Mattin Sarasola e Igor Portu, autores materiales del atentado con coche-bomba en el aeropuerto de Madrid-Barajas en diciembre de 2006, en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, ya han sido condenados en España a ocho años por esa acción, de la que desistieron tras constatar que había mucha vigilancia policial.