Dos represores condenados escapan de hospital militar en Buenos Aires

El ex mayor Jorge Olivera y el ex teniente primero Gustavo De Marchi cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión.

26 de Julio de 2013 | 11:32 | AFP

BUENOS AIRES.- Dos militares detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) se escaparon del Hospital Militar de Buenos Aires, donde habían sido trasladados para asistir a una consulta médica, por lo que la justicia ya pidió su captura.


El ex mayor Jorge Olivera y el ex teniente primero Gustavo De Marchi cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, en una prisión de la provincia de San Juan y fueron trasladados a la capital para atenderse con especialistas en el recinto de donde se fugaron.


Las autoridades ordenaron el pedido de captura nacional para ambos militares, notificaron a Migraciones para evitar que se vayan del país y ordenaron una investigación interna para determinar cómo se pudo producir el escape.


"Por la gravedad del hecho, el director Nacional del Servicio Penitenciario Federal ya ordenó el pase a disponibilidad de oficiales y agentes penitenciarios responsables de la división traslados y seguridad", indicó un comunicado del Ministerio de Justicia.


Olivera y De Marchi habían sido condenados hace tres semanas en San Juan. Olivera recibió una pena de cadena perpetua por el secuestro y la desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau en 1976. De Marchi fue condenado a 25 años de cárcel por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos, entre otros.


"Los tienen que agarrar, no hay excusas", manifestó el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, quien declaró como testigo en el juicio contra ambos represores por haber sido víctima de torturas en los años '70, cuando era preso político.


La Presidenta Cristina Fernández y su antecesor, su fallecido marido Néstor Kirchner, adoptaron una política de derechos humanos que contempla, entre otras cosas, que los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura deban responder ante la Justicia.


Según detalló la propia Mandataria esta semana, hasta el momento hubo 475 juzgados por estos delitos, de los cuales 430 fueron condenados y 45 absueltos.

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