Quiroga (izq.) junto a Sánchez de Lozada.
AFPLA PAZ.- La Fiscalía General de Bolivia formalizó cargos contra los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por supuestamente avalar contratos con petroleras sin la validación del Congreso.
Así lo informó este viernes el persecutor general en funciones, Roberto Ramírez, quien sostuvo que presentó al Tribunal Supremo de Justicia la imputación por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra los dos ex mandatarios y los ex ministros Jorge Berindoague, Carlos López Quiroga y Carlos Contreras del Solar.
"El Ministerio Público está cumpliendo con las normas establecidas y los plazos fijados. Hemos presentado la imputación formal en contra de dos expresidentes y sus exministros de Energía, para que el trámite legal siga su curso correspondiente", sostuvo.
El caso, conocido como "Petrocontratos", investigó la denuncia de que las ex autoridades "habrían favorecido a empresas trasnacionales causando daño económico al Estado con la firma de contratos petroleros que no fueron autorizados" por los Parlamentos de aquellos períodos, según un comunicado de la Fiscalía.
El abogado del ex presidente Quiroga, Iván Alemán, declaró a la radio "Fides" que en el período 2001-2002 la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos firmó cuatro contratos de exploración, pero ninguno llegó a la fase de explotación, por lo que nunca hubo daño económico al Estado.
Agregó, sin embargo, que uno de los contratos de esa época, firmado con la francesa Total dio como resultados un hallazgo importante de gas en la zona de Aquío, por lo que esta operación dará en el futuro beneficios a Bolivia.
Según el abogado, se ha cometido "una aberración judicial" con la imputación a Jorge Quiroga porque, en su criterio, no tiene ninguna responsabilidad por los delitos de que se le acusan.
Sánchez de Lozada reside en EE.UU. desde 2003, después de haber renunciado el 17 de octubre de ese año a la presidencia, en medio de una ola de protestas sociales contrarias a su proyecto para exportar gas natural al mercado estadounidense por un puerto de Chile.
La represión militar a esas manifestaciones dejó un saldo de más de 60 muertos, lo que le ha valido a Sánchez de Lozada una acusación de genocidio y una solicitud de extradición, que no ha prosperado.
Todos los contratos petroleros vigentes en Bolivia fueron renegociados entre 2006 y 2007, tras la decisión del presidente Evo Morales de nacionalizar el sector de hidrocarburos.
Los contratos fueron después avalados por leyes del Congreso que aprueban las operaciones de las petroleras, lo cual, según el Gobierno, otorga ahora una seguridad jurídica a las compañías.
