ANKARA.- El Tribunal Supremo de Turquía confirmó hoy las penas de 20 años de prisión por un delito de golpismo dictadas el año pasado contra antiguos comandantes del Ejército de Tierra, la Marina y las Fuerzas Aéreas, así como contra otros 230 acusados.
Esta decisión del Supremo se refiere al caso "Balyoz" (Maza), que comenzó en 2010 con la detención de altos mandos militares acusados de planificar un golpe de Estado en 2003.
La sentencia de hoy ratifica las penas contra Cetin Dogan, Ozden Ornek y Halil Ibrahim Firtina, antiguos jefes de las tres armas del Ejército turco y contra otros dos generales.
Además, confirma las sentencias dictadas en septiembre de 2012 contra otros 230 acusados, que fueron condenados a penas de entre 6 y 18 años de cárcel.
Otros 34 condenados fueron hoy absueltos y en 64 casos fueron canceladas las penas y los expedientes devueltos a un tribunal local para que se repitan los juicios.
Aunque la pena original dictada contra los altos mandos fue de cadena perpetua, se rebajó luego a 20 años bajo la argumentación de que el golpe de Estado no llegó a producirse.
El caso Balyoz ha sido el mayor proceso civil hasta la fecha contra militares turcos y el primero, de las distintas investigaciones sobre tramas golpistas, sobre el que se dictó sentencia.
Los acusados fueron encontrados culpables de haber diseñado en 2003 un plan para derrocar el Gobierno del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), moderadamente islamista.
La táctica era la de crear un caos social mediante acciones violentas como asesinatos de intelectuales, el derribo de un caza turco y atentados de gran escala, entre ellos dos con bombas en las mezquitas de Fatih y Beyazit en Estambul.
Todos los acusados se declararon inocentes y aseguraron que esos planes sólo trataban de recrear un escenario hipotético para maniobras militares.
La defensa de los acusados denunció hoy que la sentencia se basó en pruebas falsas y aseguró que está políticamente motivada.
Ahora, los letrados de los condenados estudiarán si apelan el veredicto del Supremo ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
