Fujimori vuelve a dar entrevista por teléfono y reclama hostigamiento de parte de autoridades

"El Gobierno ha continuado con una política de amedrentamiento a través de sanciones injustas contra mi persona", declaró el ex Mandatario peruano a una cadena de televisión.

16 de Noviembre de 2013 | 12:56 | EFE

Fujimori, quien cumple una condena a 25 años de cárcel, aseguró que ha estado incomunicado durante cinco días ''lo cual es ya totalmente irregular''.

EFE/Archivo

LIMA.- El ex Presidente peruano Alberto Fujimori volvió hoy a ofrecer una entrevista telefónica a un medio de comunicación y se quejó de que está siendo víctima de un hostigamiento de parte de las autoridades.


Fujimori, sobre quien pesa una sanción por también haber declarado hace una semana por teléfono sin autorización del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), se comunicó hoy con la cadena de televisión Frecuencia Latina.


"Quiero poner un problema personal que estoy pasando, no quiero pasar por encima de ninguna norma, si no usar el único medio que dispongo como ciudadano para defender elementales derechos: el Gobierno ha continuado con una política de amedrentamiento a través de sanciones injustas contra mi persona", declaró.


El ex gobernante, quien cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en una prisión policial de Lima, aseguró que ha estado incomunicado durante cinco días "lo cual es ya totalmente irregular".


Añadió que el viernes se le aplicó una sanción limitando sus horas de comunicación telefónica "sin haber el debido proceso".


"El maltrato es ya constante, es un hostigamiento permanente", enfatizó.


Actual Gobierno


Fujimori también opinó que el Gobierno del Presidente Ollanta Humala afronta "una crisis gravísima" tras haberse confirmado que la Policía Nacional brindaba seguridad al empresario Óscar López Meneses, sentenciado a cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) por sus vínculos con su ex asesor Vladimiro Montesinos.


Este caso generó la destitución de los seis jefes policiales más importantes de Lima y el viernes llevó a la renuncia del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, así como del asesor gubernamental Adrián Villafuerte, señalado por la oposición política y algunos medios locales como el posible nexo con López Meneses.


"Esta es una crisis gravísima. Estos últimos días se han vivido momentos de gran confusión en torno a un suceso que no se ha esclarecido. Me parece totalmente inverosímil que con conocimiento seguro de las altas autoridades se haya dado este resguardo", comentó Fujimori.


El ex Mandatario consideró que "de una u otra forma" debe haber una conexión entre el actual Gobierno y Montesinos, quien está preso por haber dirigido la mayor red de corrupción de la historia peruana durante la gestión de Fujimori.


"Por eso el Presidente Humala tiene que aclarar. Si esto lo sabían los mandos policiales, ¿cómo entonces no lo van a saber en Palacio?", preguntó.


En un momento de la entrevista, Fujimori dijo que agentes penitenciarios trataban de interrumpir la comunicación y que utilizaba un teléfono público ubicado a 12 metros de su celda, en uso de su derecho a la libertad de expresión.


El Inpe anuló la semana pasada la línea del teléfono público que utilizó Fujimori para dar la semana pasada una primera entrevista no autorizada a la emisora Radio Programas (RPP).


Esa entrevista fue la primera que dio en directo desde que fue extraditado desde Chile en 2007, aunque en las últimas semanas también emitió pronunciamientos telefónicos y envió unas declaraciones por escrito al diario Correo.


Tras esa comunicación, el director del Inpe, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que Fujimori sería sancionado y que, como medida preliminar, las autoridades del penal decidieron pedir que el teléfono público de la cárcel sea cambiado de lugar y el corte temporal de la línea.


En la entrevista con RPP Fujimori afirmó que se siente "totalmente inocente y con la conciencia tranquila" con respecto a la sentencia de 25 años de cárcel que recibió por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).


Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.

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