Reforma judicial china promete mejorar respuesta a ciudadanos y mayor transparencia

BEIJING.- Los ciudadanos chinos lo tendrán más fácil desde ahora para conseguir una solución a sus problemas, según la nueva reforma del sistema judicial presentada hoy y que prevé también una mayor transparencia en las detenciones de funcionarios del Partido Comunista (PCCh).

Ese es el objetivo del Gobierno chino, que emprendió profundos cambios a todas las escalas para atajar, entre otras cosas, el creciente malestar de sus ciudadanos ante la falta de un sistema que les garantice sus derechos frente a problemas como un desahucio, o la rampante corrupción en el seno del PCCh.

La reforma del antiguo sistema para gestionar las denuncias de ciudadanos es clave para lograr estas mejoras sociales, confirmaron hoy los subdirectores del Buró de Cartas y Llamadas de Pekín, Zhang Enxi y Liu Gao.

Ese organismo es, desde hace décadas, el que se encarga de recibir las quejas de peticionarios, ciudadanos que reclaman ante el Gobierno una solución para problemas que no les han sido resueltos y que funciona en todas las regiones y provincias chinas.

A pesar del gran despliegue de un sistema que ofrece al ciudadano presentar sus denuncias en persona, por teléfono o por carta en todos los puntos del país, numerosos peticionarios acaban por trasladarse a Pekín ante la inexistente o escasa respuesta en sus lugares de residencia.

Ese es uno de los problemas que el Buró pretende atajar con la reforma, según Liu Gao, quien precisó que el objetivo es "resolver las cosas a tiempo y en el mismo lugar" para evitar que la gente "se salte el proceso" y acuda a Beijing.

A la falta de respuesta, también se suma en muchas ocasiones los atropellos de las autoridades locales. Los peticionarios que se desplazan a la capital o pretenden hacerlo son, en numerosas ocasiones, amenazados para evitar que lo hagan e, incluso, detenidos ilegalmente en "cárceles negras" o en campos de reeducación.

Ese es el caso de la decena de peticionarios que se agolparon hoy a las puertas del edificio donde se celebró la rueda de prensa sobre las reformas del sistema para gestionar las demandas ciudadanas.

Al final del encuentro, estos ciudadanos aprovecharon para acercarse a la prensa y explicarles, entre lágrimas, sus casos, ante la atenta mirada de las autoridades, que enseguida despejaron la zona.

Zhao Ming, una mujer de 44 años de la provincia de Hebei (norte), pedía justicia para su hijo, asesinado en los 90, "después de más de 10 años de lucha", en los que ha sido arrestada en "numerosas ocasiones" de manera ilegal e internada en un campo de reeducación por su denuncia.

En la rueda de prensa previa, el Buró aseguró que se instará a las autoridades locales "a cumplir con la Ley" y que el sistema buscará ampliar su transparencia con una página web donde publicar sus gestiones y en la que poder presentar denuncias.

Además de esta reforma, el Gobierno chino también divulgó hoy un plan de cinco años para reformar los procedimientos contra la corrupción de los funcionarios del Partido, incluido el sistema conocido como "shuanggui" (doble regulación).

Por este sistema, los funcionarios sospechosos de corrupción quedan en manos de agentes de la Comisión de Investigación de la Disciplina, el brazo supervisor del PCCh, que los interrogan, en ocasiones durante meses y en secreto, antes de entregarlos a la Policía y la Justicia.

El plan también prevé mejorar el sistema de recolección de datos sobre corrupción y de protección de los denunciantes, al obligar a los funcionarios a que comuniquen al Partido sus datos personales, incluidos los activos que poseen.

Ambas reformas son parte del ambicioso plan lanzado por el Gobierno de Xi Jinping a mediados de este mes y que anunció medidas históricas en el país asiático como la abolición de los polémicos campos de reeducación -cárceles extrajudiciales-, la reducción de los casos castigados con la pena capital o la prohibición de la tortura como método para obtener una confesión.