SANTIAGO.- Una carta que le permitiría confirmar a la fiscalía argentina los procedimientos irregulares de la DINA, acreditando el delito de asociación ilícita, le entregó hoy el general (r) Sergio Arellano Stark a la jueza María Servini de Cubría, quien asistió a su interrogatorio.
Así lo confirmó el fiscal trasandino, Jorge Alvarez, que también participó en la diligencia, indicando que "la parte más importante de esa carta se refiere a las dudas que le ocasionaban al general Arellano -que si no tengo un malentendido en este momento era jefe militar de la guarnición de Santiago- con relación a los procedimientos utilizados por la DINA".
Agregó que la importancia de este punto para la investigación radica en que "de alguna forma el general estaría confirmando que la DINA utilizaba procedimientos que desde el punto de vista militar incluso eran objetables, y nosotros en algún momento hablamos que dentro de la DINA o bajo el paraguas de protección de la Dirección de Inteligencia Nacional funcionaba una verdadera asociación ilícita".
La misiva originalmente fue enviada por Arellano Stark al general (r) Augusto Pinochet, y partes de ésta ya habían sido publicadas por un diario argentino, por lo cual la fiscalía de ese país le había solicitado a la magistrada Servini que enviara un exhorto para poder tener en su poder el texto original de la carta.
La diligencia efectuada hoy comenzó cerca de las 10.00 horas, cuando hasta el domicilio del general Arellano, en la comuna de Las Condes, llegó el juez del Primer Juzgado, Joaquín Billard, la magistrada y el fiscal argentino para cumplir con el interrogatorio en calidad de testigo del ex uniformado.
Luego de permanecer por más de dos horas en el departamento del militar, la comitiva judicial se retiró en medio de un pequeño grupo de pinochetistas que lanzaron objetos a los vehículos en los que se movilizaba.
El juez Billard, que se retiró a pie del recinto, a su salida se refirió escuetamente a los reclamos de la defensa de los otros dos militares a los que se les tomaron declaraciones indagatorias, señalando que "está todo dentro del orden" ya que "yo hice todas las preguntas".
Los abogados Jorge Balmaceda y José Luis Sotomayor, representantes del general (r) Raúl Iturriaga y del brigadier (r) José Zara, respectivamente, solicitaron el jueves a la Corte Suprema que anule el procedimiento por la presencia de dos oficiales argentinos en los interrogatorios y por la intervención del fiscal Alvarez en éstos.
Por su lado, la magistrada transandina, antes de proceder a cumplir su última diligencia con Arellano, señaló al respecto que "el exhorto decía la jueza y su comitiva. En la comitiva venía personal que está adscrito al juzgado y a la fiscalía, que no trabaja desde ahora sino trabaja desde hace por lo menos el año 1995".
Agregó que estos oficiales "han asistido a los interrogatorios anteriores del general Contreras y del brigadier Espinoza, y a todos los interrogatorios que hemos tenido en el exterior", por lo cual no se cometió ninguna irregularidad en el procedimiento efectuado el miércoles en la segunda fiscalía militar, lugar donde se efectuaron los interrogatorios a los hermanos Raúl y Jorge Iturriaga, y José Zara Holger.
Acerca de la información obtenida en las diligencias, la jueza dijo que "eso tenemos que evaluarlo después, yo creo que es muy importante la entrevista personal porque uno puede evaluar una serie de consideraciones, pero sobre lo que ellos dijeron hay que evaluarlo posteriormente dentro del contexto de la causa".
Manifestó su agradecimiento por la colaboración prestada por la justicia chilena para que desarrollara las diligencias solicitadas en el país.
Sobre la intervención que tuvo durante el interrogatorio el brigadier Zara Holger, el propio fiscal respondió que el retirado uniformado "contestó todas mis preguntas, manifestó que en función de su intención de colaborar con la justicia iba a contestar todas las preguntas que se le hicieran".
Añadió que "incluso fue una de las personas que nos dio el nombre de un militar, Ureta Sire; lo sindicó como jefe del Departamento Exterior de la DINA, que casualmente hemos determinado que es una persona fallecida".
De esta forma, el fiscal Alvarez pudo concluir que la información extraída a través de las declaraciones indagatorias "no fue demasiado valiosa", ya que "de hecho, esta circunstancia de nombrar a una persona fallecida da un poco la pauta de la colaboración prestada".
La jueza Servini junto a su comitiva de siete personas, que se encuentra en la capital desde el martes pasado, regresaría esta noche a Buenos Aires, concluyendo así su segunda visita al país en razón de la investigación del atentado al general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Argentina en 1974.
