SANTIAGO.- Pese a lo que se ha informado, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que la rebaja de penas a reos de baja peligrosidad que la Iglesia Católica solicitó al gobierno, se mantiene en absoluta reserva.
Informaron que ni el Ministro ni el subsecretario de justicia, José Antonio Gómez y Jaime Arellano respectivamente, han recibido instrucciones por parte de la Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno o del Ministerio del interior, para comenzar a analizar y estudiar posibles rebajas de condena a reos de baja peligrosidad, ni menos para detenidos por acciones terroristas.
La misma fuente agregó que el tema recién comienza a tomar forma entre los ministros más cercanos al Presidente Lagos, por que ellos aún no han recibido instrucciones al respecto.
Para el abogado de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez, estaría bien que el gobierno analice todos los casos que se han tramitado en la justicia militar, sean de civiles o uniformados, ya que a su modo de ver "esa instancia aplicó arbitrariamente justicia y las penas que emitió no merecen credibilidad".
Dentro de estos casos, el letrado consideraría el análisis de la mayoría de las personas que cumplen condena en la Cárcel de Alta Seguridad.
Sin embargo, Gutiérrez precisó que por ningún motivo se debe incorporar en una instancia como la planteada, a violadores de derechos humanos.
Una impresión similar entregó a El Mercurio Electrónico el abogado constitucionalista, Roberto Garretón, quien sin conocer a fondo el tema, sostuvo que en una eventual rebaja de condenas "por ningún motivo se pueden incorporar los delitos de lesa humanidad".
Contraria a esta opción se mostró la diputada de Renovación Nacional, María Pía Guzmán, quien precisó que su propuesta va por un camino distinto al que aquí se plantea.
Dijo que ella no está por indultos, ni por rebajas de condenas, sino por conmutar penas a reos no violentos; estafadores, contrabandistas, casos de giro doloso de cheques y ebriedad, entre otros.
Sostuvo que la población penal por este tipo de delitos supera las 4 mil personas, "lo que es más de lo que pueden soportar las cárceles de Arica y Valparaíso juntas".
La parlamentaria indicó que su idea es conmutar las penas de estas personas por "servicios a la comunidad, multas más altas, restricción de horarios -algo así como un toque de queda-, y arrestos domiciliarios".
Con estas medidas, opinó la diputada Guzmán, se descongestionarían considerablemente las cárceles del país, para que los gendarmes puedan dedicarse a cuidar con más atención a reos de alta peligrosidad.
Sobre una potencial rebaja de condenas, como la planteada por la Iglesia Católica, la parlamentaria considera que no están dadas las condiciones políticas en el país para ello. Sin embargo, se mostró partidaria de que si existe un "gran acuerdo nacional", se aplique la instancia a todas las personas por igual y no a sectores específicos.