SANTIAGO.- Más de la mitad de los 1.185 desaparecidos durante el régimen militar nunca podrá ser hallados porque en su mayoría habrían sido lanzados al mar, reveló hoy la Iglesia Metodista en un informe con antecedentes al respecto.
La información es la primera que se entrega tras el histórico acuerdo alcanzado por militares y abogados de derechos humanos el 13 de junio pasado, en el marco de la llamada "mesa de diálogo", para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos durante el gobierno de 17 años que encabezó en Chile Augusto Pinochet.
Los antecedentes, contenidos en una carta dirigida al Presidente Ricardo Lagos, fueron entregados en el Palacio de Gobierno de La Moneda por el pastor de la Corporación Metodista Pentecostal Universal Enrique Vilches.
El pastor señaló que la información corresponde a 780 casos de personas dadas por desaparecidas entre 1973 y 1975, la cual le fue entregada por militares en retiro cercanos a su iglesia.
"Encabezó la entrega de antecedentes un oficial de la Fuerza Aérea y posteriormente otros funcionarios de la época nos entregaron antecedentes que fuimos evaluando durante todo un mes de un proceso responsable para entregar formalmente toda esta información", afirmó Vilches.
De acuerdo a estos antecedentes, que a su juicio estarían "muy bien documentados", la mayoría de las personas desaparecidas fue arrojada al mar, razón por la cual nunca serían halladas.
El secretario general de Gobierno (portavoz), Claudio Huepe, criticó la forma en que fue entregada esta información, avisando previamente a la prensa y saltándose la coordinación establecida, que señalaba que el obispo metodista Neftalí Aravena era el encargado de traspasar los antecedentes del mundo evangélico al Presidente Lagos.
"Prefiero no pronunciarme sobre la información misma, pero sin duda no es el procedimiento que la iglesia evangélica nos había señalado", manifestó.
Huepe indicó que los datos serán verificados por el grupo asesor del Presidente Lagos creado especialmente con ese fin.
Neftalí Aravena integró la "mesa de diálogo" que trabajó durante casi 10 meses para desarrollar un mecanismo que permitiera reunir antecedentes sobre los desaparecidos, paso que es considerado fundamental para avanzar en la transición a la democracia.
El mecanismo legal, en vigor desde el 6 de julio pasado, extendió el secreto profesional a militares y miembros de las iglesias que trabajen en la recopilación de información sobre el paradero de los desaparecidos, medida que garantiza la protección de identidad de las fuentes que entreguen información al respecto.
La búsqueda de información tiene un plazo de 6 meses que puede ser prorrogado por un período similar por el Presidente de la República previa consulta al Parlamento, tras lo cual los antecedentes serán entregados a los tribunales.
