SANTIAGO.- Un llamado al gobierno para que busque la forma de aumentar los recursos que permitan mejorar el funcionamiento del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas), hizo hoy el diputado de Renovación Nacional, Alberto Espina.
El legislador, coordinador de la Oficina Fiscalizadora de la Delincuencia, se reunió con el director del Cavas, Elías Scass, con quien se comprometió a interceder ante los 15 municipios que integran el organismo para que hagan aportes al centro.
Asimismo, Espina anunció que se reunirá con el subsecretario del Interior, Jorge Burgos, para plantearle la dificultad con que trabaja Cavas, debido a los escasos recursos con que cuenta para recuperar a la gran cantidad de víctimas afectadas por delitos sexuales.
El legislador indicó que alrededor de 3.000 casos al año quedan sin resolver debido a que el centro de asistencia, que depende del Departamento Victimológico del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones, carece de los fondos necesarios para contratar más personal idóneo, recalcando que "es inaceptable que en un Estado de Derecho, cerca de tres mil delincuentes, que cometen delitos de abusos sexuales, queden en la impunidad", debido a que no hay fondos para realizar las pericias correspondientes.
Agrego que si a los tres mil casos sin resolver se agrega la cifra de la llamada "caja negra", es decir los delitos no denunciados, el cálculo aumenta unas cuatro veces alcanzando "la dramática cifra" de 12.000 delitos sexuales que queda cada año sin solución.
Alberto Espina también planteó la urgente necesidad de reproducir estos centros en Antofagasta, La Serena, Temuco y Puerto Montt, pues hasta ahora sólo existe en la Región Metropolitana.
Por su parte, el director de Cavas, Elías Scass, señaló que desde hace cinco años el organismo ha extendido sus tareas desde la prevención y la asistencia en los casos de abuso sexual a la colaboración de los Tribunales de Justicia, realizando las pericias que acreditan la existencia del delito.
A pesar que aceptó que los recursos para funcionar son insuficientes, resaltó la "buena disposición" del gobierno y de la Oficina de Fiscalización, lo que a su juicio podría significar un avance importante en la cobertura del centro, para satisfacer la demanda pericial y asistencial que solicitan los tribunales.