SANTIAGO.- La defensa del senador vitalicio Augusto Pinochet solicitó hoy al ministro de fuero Juan Guzmán Tapia que ordene someter a exámenes médicos al ex Mandatario y que suspenda el interrogatorio fijado para el próximo 9 de octubre hasta obtener los resultados que arrojen estas pericias respecto de su estado de salud.
La petición, según lo consignó el vespertino La Segunda, fue presentada por el abogado Gustavo Collao Mira ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El documento se refiere a las razones médicas que el gobierno de Chile esgrimió ante el gobierno británico para que se pusiera término al procedimiento de extradición que mantuvo a Pinochet privado de libertad en Londres por solicitud del juez español Baltasar Garzón.
Junto a ello también adjuntaron la carta al Ministerio del Interior británico de los médicos que examinaron a Pinochet; el informe clínico sobre la salud del senador elaborado por los mismos profesionales; el informe médico neurológico emitido por la doctora María A. Wike y la carta que envió el ministro del Interior inglés, Jack Straw a los abogados británicos del senador, adelantándole su oposición a que se extraditara a Pinochet a España.
La defensa de Pinochet cita el fundamento número 20 de la resolución de Straw que permitió el regreso del ex gobernante chileno al país, la cual señala que "el juicio a un inculpado, en las condiciones que se le diagnosticaron al senador Pinochet, por los cargos que se han formulado en su contra en este caso, no podría ser un juicio justo en ningún país".
Collao insiste en que "no puede existir debido proceso legal si el inculpado no está en situación de defenderse, esto es, ejercer los derechos y recursos que le asigna la ley e intervenir en las actuaciones que ordene el tribunal a su respecto (indagatoria, careos, absolución de posiciones, reconstituciones de los hechos, etc.)".
Para Collao y los demás integrantes del equipo jurídico este argumento se ve reforzado por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, incorporados al ordenamiento jurídico chileno a través del artículo quinto de la Constitución Política.
