LA PAZ.- Los implicados en una red de tráfico de sustancias químicas entre Bolivia y Chile presuntamente para uso del narcotráfico, que fue descubierta el lunes pasado, fueron acusados por las autoridades bolivianas de contrabando de combustible para los mismos fines, informó hoy la Fiscalía de La Paz.
En la operación "Frontera 2000", realizada por las policías de Bolivia y Chile el fin de semana pasado, se descubrió que la empresa boliviana Tierra, dedicada a la producción de ácido bórico, recibía de otras empresas chilenas ácido sulfúrico en una cantidad que no usaba totalmente para sus fines.
Según dijo Luisa Torres, fiscal adscrita a la Fuerza Especial del sulfúrico, al juez que recibió la causa, Tierra importó 64.000 litros de gasolina, pero sólo informó de 12.000 litros a las autoridades.
La fiscal boliviana también sostuvo que los procesados importaron 3,5 millones de litros de diesel y solamente descargaron 1,4 millones, por lo que aumentan las sospechas de que el resto fue desviado al mercado negro del narcotráfico.
Torres agregó que la firma, cuyos principales ejecutivos están detenidos en La Paz, importó de Chile 33 toneladas de ácido sulfúrico, pero produjo una cantidad de ácido bórico que no corresponde a la materia prima adquirida, cuya diferencia se calcula en seis toneladas.
Los siete ejecutivos y socios de la compañía, instalada cerca de la frontera de Bolivia con Chile, están detenidos y, con las pruebas presentadas por la Felcn, el juez de instrucción en lo penal Néstor Guerrero ordenó su arresto preventivo.
El magistrado incluyó en la acusación al subadministrador de Aduanas de Apacheta, Gonzalo Vargas, de quien se presume que fue cómplice en las operaciones ilegales de la red.
En el proceso judicial, las autoridades informaron de que Tierra es también propiedad parcial de los accionistas de las firmas chilenas Codelco, Alco y Abocal, que producían y exportaban el ácido sulfúrico e importaban el ácido bórico, respectivamente.
El abogado defensor de los empresarios, Freddy Panique, reclamó que las acusaciones de las autoridades policiales bolivianas se han hecho en base a supuestos, porque no se ha probado el destino de los químicos que faltan.
Panique sostuvo en la audiencia judicial que la acusación es fraguada y se intenta cerrar una empresa que exporta por valor de medio millón de dólares al mes, por la presión de intereses empresariales chilenos y estadounidenses que no identificó.
