SANTIAGO.- Un grupo de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del régimen militar, anunció hoy domingo la próxima presentación de una querella por alta traición y espionaje contra el senador vitalicio Augusto Pinochet, sobre la base de documentos de la CIA, el servicio secreto de Estados Unidos, recientemente desvelados.
De acuerdo con esos documentos, el general Manuel Contreras, quien fue jefe de la DINA en los primeros años del gobierno militar, era un informante pagado del organismo de espionaje estadounidense.
Contreras, quien será incluido en la querella, cumple una condena de siete años de prisión por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y ha refutado la información, que considera "una venganza de la CIA en su contra", por haber supuestamente demostrado que fueron sus agentes y no la DINA la que asesinó a Letelier.
"Los documentos demuestran que en 1973 los militares actuaron por órdenes de terceros y no para beneficio de la patria, y eso es espionaje y es traición", afirmó el abogado Hugo Gutiérrez, tras anunciar la presentación de la querella junto con dirigentes de las agrupaciones.
"Las Fuerzas Armadas chilenas traicionaron al país", añadió Gutiérrez, que además actúa por la parte acusadora en varias de las 171 querellas que se han presentado ya contra Pinochet en los tribunales chilenos, entre ellas la relacionada con los crímenes de la denominada "Caravana de la Muerte", que provocó la pérdida de la inmunidad parlamentaria del senador.
Los documentos de la CIA se conocieron la semana pasada y, además de dejar al descubierto el papel del general Contreras, revelaron que el gobierno de Richard Nixon intervino directamente para tratar de impedir que Salvador Allende llegara a la presidencia de Chile en 1970 y en la conspiración que derivó en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973.
Además, la CIA conoció y financió el atentado en que murió en 1970 el comandante en jefe del Ejército, René Schneider, y durante el gobierno de Allende apoyó económicamente a partidos de la oposición, como la Democracia Cristiana, y a los gremios patronales que organizaban paros y protestas contra las autoridades.
El abogado Gutiérrez anunció que mañana lunes los querellantes irán al Palacio de La Moneda, la sede del Gobierno chileno, para solicitar al Presidente Ricardo Lagos que el Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía Pública) sea parte en la querella.
Según el letrado, el Gobierno no ha analizado con la "suficiente seriedad" la intervención de Estados Unidos en Chile y otros países de la región a través de la Operación Cóndor, una coordinadora de los servicios de seguridad de las dictaduras militares del Cono Sur para reprimir a los disidentes en los años setenta.
"No me cabe duda de que el Gobierno, si hace lo correcto, debería perseguir la responsabilidad de civiles y militares, de los agentes del Estado norteamericano que cometieron asesinatos y desapariciones forzadas, torturas, instigación a la sedición y en buena cuenta fueron los promotores de todo el genocidio ocurrido en Latinoamérica", aseveró Hugo Gutiérrez.
