SANTIAGO.- El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Cruz y el presidente de la Coordinadora Marítimo-Portuaria, Walter Astorga, dieron a conocer hoy los aspectos principales del acuerdo suscrito en las últimas horas del martes y que pone fin al conflicto con el sector.
Destaca así una red social de protección donde se define la asistencia de 240 cupos para los puertos de Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, San Vicente y 110 para Iquique.
Para ellos se establecen los requisitos y forma de acreditación, años de servicio en el sector, desplazamiento del mismo y procedimientos para alcanzar el mismo.
En lo medular, el convenio otorga protección social, capacitación y el compromiso del gobierno de regular por ley las actividades portuarias, finalizando con la creación de un fondo de capacitación portuario en la mencionada red social complementaria.
Situación por Puertos
Las movilizaciones portuarias se iniciaron entre las 7 y las 8 horas del jueves 2 de noviembre en Valparaíso, San Antonio y Talcahuano. En los dos últimos hubo incidentes menores, cuando se encendieron barricadas en los accesos a los terminales marítimos, los que se repitieron con iguales características durante la tarde en Iquique y San Vicente, al momento de plegarse al paro a partir del segundo turno, entre las 14 y 15 horas.
En Valparaíso la totalidad de los sitios quedaron sin naves atracadas, no obstante que cuatro de ellas habían solicitado servicios de estiba y desestiba. Ante el conflicto resolvieron permanecer a la gira. Los trabajadores en paro se limitaron a permanecer en el muelle Prat.
En San Antonio cinco barcos quedaron sin atención, mientras que en el exterior del puerto piquetes de trabajadores bloquearon los ingresos. Sin embargo durante la tarde debió intervenir carabineros para permitir el acceso de camiones que atendían a tres barcos graneleros. Durante el enfrentamiento fue detenido Marco Antonio Mesina, de 17 años.
En la Región del Biobío fueron bloqueados con barricadas los accesos a los puertos de Talcahuano y San Vicente. Cuatro personas fueron detenidas.
Precisión de Insulza
El vicepresidente de la República, José Miguel Insulza - quien participó en la negociación que terminó con el acuerdo de agosto del año pasado- , recordó ayer que los beneficios eran para los trabajadores que quedaran cesantes por efecto de la modernización de los puertos, siempre que tuvieran 40 años de edad mínimo y quince años de trabajo.
Respecto de la flexibilización que se acordó luego, dijo que "es cierto que a fines del año pasado, cuando se hizo el primer llamado (para las microempresas) y se presentaron las carpetas de los trabajadores, había algunos casos en que era dudoso eso. Sobre todo, que estuvieran cesantes porque algunos habían trabajado hasta poquito antes. Pero eran muy pocos. Dijimos, vamos a sacar este asunto adelante y si ustedes presentan estas carpetas nosotros vamos a presumir que están bien; así que incluimos a estos trabajadores. Fue un acuerdo del momento, pero quedó muy claro que las normas seguían vigentes".
Insulza señaló que el problema que se presenta ahora es que son muchos más los trabajadores que no cumplen los requsitos que aquellos que sí cuentan con ellos, por lo que dejó de ser un caso de excepciones, como el año pasado. "No, aquí se esta presentando gente que ha estado trabajando normalmente en los últimos meses e incluso gente que tenemos la sospecha que ha sido finiquitada en algunas empresas para el solo efecto de presentarse a este programa. En algún momento esto tiene que tener un punto final. Nosotros vamos a plantear que ese punto final sea ahora: busquemos un acuerdo con ellos y terminemos este asunto".
