SANTIAGO.- Un enérgico llamado al Gobierno a apresurar la licitación para construir nuevas cárceles para cubrir el "progresivo déficit" de infraestructura que hoy existe, hizo esta mañana la diputada RN Pía Guzmán, quién precisó que las propuestas deben realizarse a más tardar el primer trimestre del próximo año.
En la oportunidad la parlamentaria criticó la postura del Gobierno de perder muchos meses en la discución del marco jurídico que permita que los privados participen en la construcción de nuevos penales, hecho que ilustró recordando que el 1° de julio pasado, luego de la fuga de 13 reclusos de diferentes recintos de Santiago, el ministro de Justicia José Antonio Gómez, anunció que se llamaría a licitación tal cual lo hizo ayer luego de la tragedia en la cárcel de San Miguel.
"Existe falta de voluntad en el Gobierno, no hay nada nuevo y el problema ha crecido. Lo ocurrido ayer en San Miguel fue la crónica de una tragedia anunciada", sostuvo la diputada.
Para ilustrar la gravedad de la situación en el sistema penal actual la congresista hizo hincapié en prestar atención a las cifras entregadas por Gendarmería de Chile en julio pasado, en las que se evidencia una sobrepoblación, puesto que existen 31.168 reclusos para cárceles que en total pueden albergar a 20.700 personas. "Cuando gendarmería dice que hay un 40% de hacinamiento es mentira, el hacinamiento es de 80%", enfatizó Pía Guzmán.
Además, insistió en que la gravísima situación actual se da en un contexto en que los delitos se incrementaron -entre enero y septiembre del 2000- en un 25%, en que hay una mayor eficacia policial y un mejor sistema de justicia penal que entrará a regir el próximo viernes, lo que traerá como consecuencia un mayor número de reclusiones y por lo tanto más hacinamiento.
Propuestas
Aunque reconoció que sus posibles soluciones al conflicto no son novedosas, la diputada Guzmán dio a conocer sus propuestas, entre las que destacan el establecer en las bases de las licitaciones fuertes incentivos a la construcción rápida de los nuevos penales, y premiar las propuestas de servicios externos para capacitar laboralmente y entregar programas de rehabilitación de alcohol y drogas.
La diputada Guzmán explicó que, a su juicio, hay delitos no violentos que causan daño patrimonial que pueden ser castigados con penas alternativas a cambio de reclusión. Para estos casos propuso toques de queda para quienes son sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, trabajo social en beneficio de las municipalidades más pobres, arresto domiciliario para quienes causan lesiones por negligencia, entre otras.
Al respecto detalló que la mantención de un recluso cuesta US$11, mientras que las pulseras magnéticas para controlar los toques de queda o arrestos domiciliarios cuestan alrededor de US$5.
La parlamentaria llamó al gobierno a invertir a largo plazo invirtiendo más en evitar la deserción escolar de niños de alto riesgo, "lo que claramente es más barato que mantener a un recluso en la cárcel".
Finalmente la diputada reconoció que el problema no sólo es del gobierno sino que del país, y que todos los sectores, incluido su propio partido que no ha colaborado mayormente en la solución del problema, deben unirse para "frenar esta bomba de tiempo".
