SANTIAGO.- El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, señaló hoy que su cartera ya ha recibido las primeras informaciones sobre el funcionamiento de la reforma procesal penal en la Cuarta y Novena Región -zonas donde se inició como plan piloto, el 16 de diciembre último- y que realizará un monitoreo de esa medida, pero -según precisó- la decisión de cómo hacer el seguimiento y cumplimiento de la Ley corresponde a los fiscales, a los jueces y a los defensores del nuevo sistema procesal penal.
El secretario de Estado -en declaraciones a Canal 13- destacó que lo importante de esa iniciativa es que cambia la percepción de la gente sobre la justicia. "Se siente más protegida, puesto que las dependencias construidas para su ejecución consideran vías de ingreso distintas de los imputados y las víctimas al lugar donde se llevará a cabo el juicio y las otras instancias. Esto evita la vinculación entre ellos y la situación que hoy día existe, de juntarse en los pasillos, la amenaza y el amedrentamiento", agregó.
Sin embargo, el ministro Gómez recalcó que además del beneficio de la población, la ejecución de la reforma procesal penal se traduce en un importante ahorro, sobre todo para el sistema penitenciario.
Según explicó, con la reforma las personas presuntamente culpables de un delito no quedan detenidas de inmediato, sino que se les cita posteriormente a una audiencia. "En cambio, con el sistema actual -sin reforma procesal penal-, todas ellas van a la cárcel cinco, diez o treinta días, atochando los recintos penales", indicó.
Por último, el ministro de Justicia señaló que aplicar la reforma procesal penal en el país cuesta alrededor de 500 millones de dólares -258 mil millones de pesos-. "Actualmente, el poder judicial destina entre 70 y 80 mil millones de pesos al procedimiento civil, laboral, menores y criminal. Sólo en el aspecto de la reforma, el Estado va a invertir esa misma cantidad de recursos", puntualizó.
