SANTIAGO.- El intendente metropolitano, Sergio Galilea, defendió la aplicación de la restricción vehicular, en especial a los automóviles con convertidor catalítico, señalando que la medida está fundamentada jurídicamente en la Ley del Tránsito y del Medio Ambiente.
Ello, en referencia a la acusación de inconstitucionalidad en contra de la iniciativa gubernamental que analizará en los próximos días el Tribunal Constitucional.
Explicó que -a su juicio- los recurrentes cuestionan no sólo la restricción a los catalíticos, sino que la capacidad que tienen las leyes del Tránsito y del Medio Ambiento para normar este tipo de medidas.
Sin embargo, aseguró que "ambas (leyes) dan un fundamento jurídico a la restricción".
En tanto, uno de los abogados que presentó el requerimiento contra los catalíticos, Fernando Fermandois, aseguró que esperan que el Tribunal Constitucional "establezca claramente cuáles son las atribuciones del Presidente de la República cuando se restringen los derechos de las personas".
A su juicio, esta prohibición "es un acto de restricción de derechos a las personas, que está impuesto por alguien que no tiene las facultades para hacerlo".
