SANTIAGO.- Un numeroso grupo de transportistas escolares protestó esta mañana en el centro de la ciudad, dando vueltas por el Palacio de La Moneda en una bulliciosa manifestación que cauó un gran atochamiento vehicular por la Alameda.
La medida de fuerza obedeció, según explicó el secretario general de ese gremio, Juan del Valle, a la decisión del Ejecutivo de gravar la actividad con una segunda patente, la que tiene un valor de 180.000 pesos para los vehiculos ya inscritos y 340.000 para quienes se incorporen a la actividad.
A juicio del dirigente, esta es una medida arbitraria por cuanto ya pagan el permiso de circulación en marzo y ahora deberán cancelar, a partir del 1 de noviembre del presente ano, los valores señalados anteriormente.
Del Valle manifestó que su protesta tiene como motor exclusivo este nuevo pago, aclarando que el tema del impuesto al diesel es un gravamen que afecta a todos los chilenos por igual por lo que su gremio no está en desacuerdo con la medida.
También justificó el carácter sesgado del pago impugnado explicando que tanto taxis básicos como taxis colectivos cancelan una sola patente, y que la ley los obliga a una segunda solo en caso de poseer vehiculos diesel, cuestión que aseguró el sindicalista, no ocurre con esos sectores.
Lamentó Del Valle que se deba recurrir a medidas de presión como la que realizaron en esta jornada, y acusó a las autoridades de desoir los insistentes llamados del sector a ser escuchados.
Aclaró también que su gremio transporta a una mayoría de niños de sectores medios, por lo que les resulta imposible asumir una medida de tal magnitud, más aún, afirmó, cuando nos afecta sólo a nosotros y no a otros transportistas.
Consultado el dirigente frente a la propuesta de realizar exámenes sicológicos a quienes se desempeñen en esa actividad para evitar casos de pedofilia, respondió que su sector hace 10 años que está pidiendo una regulación similar, y que para ello, "mucho tiempo antes de que aparecieron casos emblemáticos en la prensa", se han reunido con diversas autoridades y parlamentarios, "lamentablemente de manera infructuosa", concluyó
