Juez cierra caso de franqueo de miles de cartas con dinero fiscal

Titular del 16 Juzgado del Crimen considera que no se ha podido avanzar en el intento de confirmar la existencia de delito que involucró a la campaña electoral del diputado Guido Girardi.

24 de Abril de 2003 | 21:18 | ORBE
SANTIAGO.- El magistrado (s) del 16ø Juzgado del Crimen de Santiago, Eugenio Zamora, decidió cerrar la investigación sobre el envío de miles de cartas destinadas a respaldar la reelección del diputado Guido Girardi como presidente del PPD.

Según informa terra.cl, la decisión, luego de ser notificada a las partes, derivará en el sobreseimiento temporal del proceso, debido a que los antecedentes recopilados por el tribunal no pudieron establecer la ocurrencia del supuesto delito.

EL proceso judicial se inició por una denuncia presentada en junio pasado por el abogado Carlos Neira Muñoz, quien solicitó que la justicia esclareciera si los recursos con que fue financiado el despacho de las 26 mil 348 cartas fueron cancelados con los fondos de la bancada parlamentaria de esa colectividad, lo cual constituiría una eventual malversación de caudales públicos.

Este hecho trascendió al conocimiento público a través de un artículo de prensa que consignó que el cheque emitido por tres millones 820 mil 440 pesos destinados a solventar esta publicidad electoral partidaria provenía de la cuenta corriente de la Cámara Baja, la cual tiene por objeto financiar actividades propias de esa corporación.

En ese entonces, fue la juez titular de esa magistratura, Rosa María Pinto, quien acogió a tramitación esta acción judicial y la encargada de decretar las primeras diligencias a los organismos policiales pertinentes.

Sin embargo, luego que el PPD se hiciera parte en el proceso a través de los abogados Luis Hermosilla y Alvaro Morales, hijo de la magistrada, ella debió inhabilitarse y traspasó el expediente al secretario del tribunal.

Luego que el pasado 22 de octubre, el juez (s) decidiera cerrar y reabrir la investigación en menos de 24 horas, por considerar que algunas diligencias solicitadas por el denunciante no se habían concretado, reiteró en tres ocasiones los oficios a la Cámara de diputados para que en el proceso declararan algunos de sus miembros y funcionarios.

Entre éstos figuraban la presidenta de la Cámara Baja, Adriana Muñoz, el presidente del mencionado partido, Guido Girardi, su contendor en las últimas elecciones internas del PPD, el senador Nelson Avila, y a los diputados Aníbal Pérez, Laura Soto, Lily Pérez (RN) y Víctor Pérez (UDI).

Según trascendió, sólo algunos de los parlamentarios hicieron llegar sus declaraciones escritas al tribunal. Sin embargo, la investigación fue cerrada sin determinar responsabilidades penales de ninguno de los involucrados en este hecho.

Hace poco más de seis meses, el abogado denunciante solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) hacerse parte en la investigación, dado que este hecho podría configurar un delito de acción penal pública en contra del Fisco chileno, pero en este organismo se informó que aún no se ha tomado una resolución al respecto.

Las razones esgrimidas para esto es que el CDE envió, por su cuenta, oficios a todos los diputados involucrados para determinar la existencia de conductas ilícitas, pero como estos documentos no han sido respondidos, la resolución no ha podido ser adoptada.
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