Ministro especial podría investigar corrupción en juzgados

Existe preocupación en el Poder Judicial ante las irregularidades cometidas por funcionarios policiales y de Gendarmería en diversos juzgados del Crimen. El Pleno de la Corte de Apelaciones va a tratar el tema la próxima semana.

23 de Junio de 2004 | 13:30 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago analizará el martes si corresponde o no designar un ministro especial que investigue las irregularidades cometidas por funcionarios policiales y de Gendarmería en diversos juzgados del Crimen de Santiago.

"Lo vamos a tratar seguramente en el Pleno", sostuvo el presidente del Tribunal de Alzada capitalino, Juan González, quien aseguró que los hechos denunciados en Canal 13 son "excepcionales".

Siete funcionarios de Gendarmería han sido detenidos en los últimos días en el marco de la investigación iniciada por el magistrado del 27° Juzgado del Crimen, José Santos Pérez, quien indaga la presunta existencia de una red de funcionarios que cobran en forma ilegal para agilizar procesos y ofrecer libertades.

Tres de los funcionarios carcelarios fueron procesados por cohecho y permanecen detenidos en el penal de Punta Peuco. Se trata de Álex Muñoz, Luis Barrientos y Ricardo Urra. En tanto, un actuario del 17° Juzgado del Crimen, identificado como José Ochoa Martínez, está recluido en Capuchinos.

El ministro González afirmó que "no es frecuente que se den estos hechos, pero siempre que se producen estas situaciones la Corte adopta de inmediato las medidas del caso y los ministros son drásticos en sus decisiones".

Por su parte, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, dijo que en todas las organizaciones existen personas de bajo nivel de probidad y que el Poder Judicial está muy preocupado por el tema.

"Vamos a seguir en el sentido de sancionar y ejercer nuestras facultades disciplinarias y correccionales con el máximo rigor", señaló.

Ambos magistrados se manifestaron esperanzados en que la llegada de la reforma procesal penal a la Región Metropolitana va a acabar con estas prácticas ilegales debido a que muchos funcionarios intermedios van a desaparecer.

González no descartó que el caso pueda ser acumulado a la investigación que ya desarrolla el ministro Rubén Ballesteros por el pago de fallos a personas externas del Poder Judicial.

No obstante, dejó en claro que ésa es una decisión que debe adoptar el Pleno de la Corte de Apelaciones.
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