Garzón amplía querella a abogado de Pinochet

Profesional Oscar Aitken Lavanchy dijo que el mandatario podía justificar fortuna de hasta 15 millones de dólares.

06 de Septiembre de 2004 | 11:20 | EFE
MADRID.- La querella en contra del general (r) Augusto Pinochet que instruye en España el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se amplió a su abogado, Oscar Aitken Lavanchy.

Según fuentes cercanas a su tramitación, la querella contra Aitken se basa en "su reconocida participación" en 1999 en la constitución de la sociedad Abanda Limited en Tórtola, en las islas Vírgenes británicas, con el fin de "burlar el embargo de bienes de Pinochet vigente desde que fuera acordado en el auto de 19 de octubre de 1998".

En la resolución notificada en esa fecha, Garzón amplió la prisión provisional incondicional que tres días antes había decretado para Pinochet, detenido en Londres, en relación con 94 hechos presuntamente constitutivos de los delitos de terrorismo, genocidio y torturas durante el régimen militar chileno, y ordenó el embargo de sus bienes.

Las fuentes de la acusación consultadas hoy señalaron que los perjudicados por la ocultación de los bienes de Pinochet "son todas las víctimas de éste identificadas en el citado auto".

El pasado 19 de julio, esta acusación particular y popular presentó una primera querella en la que pedía a Garzón que investigara los presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero cometidos en perjuicio de las víctimas de Pinochet por el Riggs Bank y por algunos de sus ejecutivos y funcionarios, así como que declarara la responsabilidad civil de esta entidad bancaria.

La querella iba dirigida contra Pinochet y contra los miembros del Consejo de Administración del Riggs Bank Joseph L. Allbritton, Robert L. Allbritton, Steven B. Pfeiffer y Carol Thompson.

De los hermanos Allbritton se señalaba que eran los mayores accionistas del banco en el momento de cometerse supuestamente los delitos, mientras que Pfeiffer formaba parte del Consejo de Dirección de la entidad.

Se indicaba que Carol Thompson ’’se reunía dos veces al año con Pinochet, hablaba directamente con él cada trimestre, gestionaba día a día sus operaciones de defraudación a través de las cuentas y formó parte de la delegación del banco que viajó a Santiago unos días después de que llegara desde Londres, en marzo de 2000’’.

La querella fue presentado en la Audiencia Nacional española después de que el pasado 15 de julio el Senado de Estados Unidos publicara el llamado "Informe sobre blanqueo de dinero y corrupción extranjera: aplicación y eficacia de la Ley Patriota. Estudio del caso Riggs Bank".

En ese documento se develaban actuaciones dirigidas a defraudar el embargo ordenado por la Audiencia Nacional respecto de los bienes de Pinochet en cualquier país en que se encuentren, "bajo su propio nombre o de terceras personas".

El "embargo, bloqueo y depósito de todos los saldos" que Pinochet pudiera tener "en cualquier cuenta bancaria, directamente o a través de terceras personas y los miembros de su familia en cualquier país" y que había sido decretado por Garzón fue ratificado por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el 17 de noviembre de 1999.

En el auto notificado entonces, el tribunal desestimó el recurso de queja del fiscal contra esta decisión y dijo que se trataba de "medidas cautelares de naturaleza real que tienden a asegurar las eventuales responsabilidades a las que pudiera ser condenado" Pinochet.





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