Alejandro Solís |
| ”Hay delito” |
El ministro Solís explicó que envió los antecedentes porque a su juicio se reúnen los requisitos que exige la ley para hacerlo. "Me parece que se unen los requisitos legales en cuanto a que está acreditada la existencia de un delito de asociación ilícita y el homicidio calificado de Carlos Prats y su señora", sostuvo.
Agregó que en ambos casos hay indicios de la participación "del ex Presidente de la República Augusto Pinochet Ugarte". |
SANTIAGO.- Un nuevo caso judicial se suma hoy a los que ya enfrenta el general (r) Augusto Pinochet Ugarte, luego que el ministro Alejandro Solís decidiera elevar al Pleno de la Corte de Apelaciones una solicitud de desafuero al ex gobernante por su responsabilidad en la muerte del general (r) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.
La resolución, de tres páginas, se basa en una solicitud hecha el martes pasado por el abogado Hernán Quezada, en representación de las hijas del asesinado ex comandante en jefe del Ejército.
En su fundamento la decisión sostiene que "ningún tribunal, aunque haya mérito para imputar un delito a una persona con el fuero del artículo 58 de la Constitución, procederá contra ella sino cuando la Corte de Apelaciones respectiva reunida en tribunal pleno, declare que ha lugar a formarle causa".
El texto legal prosigue diciendo que "tan pronto como de los antecedentes del proceso o de la información rendida, a petición de parte, aparezcan contra una persona con el fuero del artículo 58 de la Constitución datos que podrían bastar para decretar la detención de un inculpado, el juez de primera instancia elevará los autos al tribunal de alzada correspondiente, a fin de que si haya mérito haga la declaración de que ha lugar a formación de causa".
Con este fallo el ministro resolvió enviar todos los antecedentes del proceso al tribunal de alzada, incluidos los antecedentes que envió a Chile la magistrada argentina María Servini de Cubría.
En el requerimiento, los abogados de la familia Prats-Cuthbert presentaron una serie de antecedentes que constan en el proceso que se sigue en Argentina por el crimen, así como datos obtenidos en Chile que, a juicio de Quezada, son suficientes para determinar la responsabilidad de Pinochet en el asesinato ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.
En 2002 el tribunal de Alzada capitalino rechazó desaforarlo en este mismo caso debido a su estado de salud. Dicha resolución se adoptó a raíz de una solicitud de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el asesinato en su país.
Por el crimen de Prats están procesados en Chile siete ex miembros de la disuelta DINA, entre ellos el general (r) Manuel Contreras.
Tras conocer la resolución, el abogado Hernán Quezada sostuvo que Solís "hizo a nuestro juicio lo que correspondía, porque hay antecedentes más que suficientes para que el proceso se elevara a la Corte de Apelaciones de Santiago de modo que ésta tenga la oportunidad de pronunciarse sobre el desafuero".
"Nosotros en la presentación hicimos un extenso análisis de las sospechas fundadas de la participación de Pinochet en este crimen y, por lo tanto, lo que resolvió el ministro Solís era lo que correspondía a nuestro juicio", agregó.
El pleno del tribunal de alzada deberá pronunciarse primero si acoge o no la solicitud. Si esto es favorable, fijará una fecha para iniciar los alegatos por el caso.
Las causas que enfrenta Pinochet
Actualmente el octogenario militar en retiro es investigado por su responsabilidad la denominada “Operación Cóndor”, causa que instruye el ministro Juan Guzmán Tapia y por la cual ya fue desaforado recientemente.
El ministro Guzmán, quien estará en Estados Unidos hasta el lunes próximo, debe resolver si somete o no a proceso al ex uniformado una vez que conozca los informes médicos de los peritos que participaron de los exámenes neurológicos y psiquiátricos que se le practicaron a Pinochet el 30 de septiembre pasado.
Hasta hoy tienen plazo para entregar los resultados el perito designado por Guzmán, Jorge Tapia Illanes, y el nombrado por los querellantes, Martín Cordero, que tiene carácter adjunto. El lunes entregó sus conclusiones el médico Sergio Ferrer, por parte de la defensa del ex gobernante, quien sostuvo que éste presenta problemas de salud que le impiden enfrentar un debido proceso.
Pinochet es investigado además por el ministro de fuero Sergio Muñoz, quien indaga el origen del patrimonio que el retirado militar guardaba en sus cuentas secretas del Banco Riggs de Estados Unidos y los posibles delito asociados.
Por esta causa, fueron presentadas la semana pasada dos querellas que acusan al general (r) de fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos, una de ellas por el Servicio de Impuestos Internos.
Si el ministro Muñoz lo estima conveniente según los antecedentes que surjan de la investigación, también podría solicitar el desafuero de Pinochet.
El magistrado ya le tomó declaración indagatoria al ex gobernante por esta causa.
