Nuevo escándalo político por grabación en que Seremi insta a no pagar imposiciones

Senador Nelson Ávila avaló acusación de empresario contra funcionario del Ministerio del Trabajo de Valparaíso.

21 de Octubre de 2004 | 21:01 | El Mercurio en Internet
El senador Nelson Ávila hizo pública una grabación en que el Seremi del Trabajo de Valparaíso presiona a un contratista de programas de empleos del gobierno a que emplee los recursos para nuevas contrataciones y que se olvide de pagar imposiciones y asegurar los almuerzos.

En el mismo texto dice al contratista que se encargará de hablar con la Dirección del Trabajo local para que no cursen las multas que pudieran originarse.

Ávila pide que el Gobierno separe de inmediato de su cargo al funcionario en cuestión, al que identificó como el representante del Ministerio del Trabajo en la Región de Valparaíso, José Manuel Mancilla (PS).

El denunciante es el contratista Álvaro González Tapia, socialista.

En la grabación, presentada y difundida como texto por Ávila, el seremi le hizo notar a González que los contratistas no tienen que preocuparse de que las trabajadoras tengan dónde almorzar.

Según consta en el documento, Mancilla señala a Álvaro González que los contratistas de los planes de empleo tienen que ser funcionales al Gobierno y que durante algunos meses se les indica que no paguen las imposiciones y que con esa plata contraten e incorporen a un mayor número de personas a los programas laborales de emergencia.


El texto indica que, para convencer a González sobre el procedimiento, le hizo saber que Giussepe Malatesta Valladares, contratista con la mayor cantidad de programas de empleo en la zona, registra 300 denuncias. Ávila indicó que la Región de Valparaíso tiene asignados 1.780 cupos en el Programa de Generación de Empleo. La mitad se entregó a Malatesta y a sus familiares.

El texto del diálogo cargado de "garabatos" fue oficializado en la Notaría Luis Fischer, donde se comprobó que éste corresponde al contenido de la cinta.

El Seremi Mancilla anunció que se querellerá porque al grabarse una conversación privada sin su consentimiento y hacerla pública se ha cometido un delito.
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