SANTIAGO.- El siquiatra Martín Cordero, perito nombrado por los querellantes del caso Cóndor para efectuar exámenes neurológicos y siquiátricas al general (r) Augusto Pinochet, reafirmó hoy ante el ministro de fuero Juan Guzmán que el ex gobernante está en condiciones de enfrentar un proceso judicial.
Cordero fue el primero de los tres peritos que se reunió con el magistrado con el fin de aclarar las dudas que a éste le surgieron tras los informes médicos entregados luego de los exámenes a los que fue sostenido Pinochet el 30 de septiembre pasado.
A la salida del encuentro que se efectuó en las dependencias del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, Cordero sostuvo que confirmó al juez su tesis de que Pinochet no tiene problemas que le impidan enfrentar a la justicia.
"Lo único que yo les puedo decir es que yo sigo pensando que lo que digo en mi peritaje es adecuado", afirmó Cordero.
El perito, no obstante, reconoció que es el ministro Guzmán quien en definitiva deberá evaluar si el ex gobernante puede enfrentar a la justicia.
"El ministro naturalmente tiene que hacer una evaluación en la forma que le corresponde a él y su decisión última es la que cuenta", sostuvo.
Inmediatamente después de que Cordero se retirara del encuentro, a las 11:15 horas, ingresó a reunirse con el magistrado el perito adjunto nombrado por la defensa de Pinochet, Sergio Ferrer, quien afirmó en su informe que por razones de salud, el ex gobernante no puede ser juzgado ni ser sometido a un proceso.
Tras abandonar el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones a las 12:40 horas, Ferrer dialogó brevemente con la prensa ocasión en que reiteró su parecer respecto a que el general (r) ni siquiera es capaz de valerse por si mismo, por lo que mal podría enfrentar como una persona normal a la justicia.
Más tarde, Guzmán se reunirá con el neurólogo Jorge Tapia Illanes, con quien también discutirá los resultados de los informes y las preguntas que hicieron las partes.
Luego de estos encuentros el ministro deberá resolver si somete o no a proceso al retirado militar por su responsabilidad en la desaparición de presos políticos en el marco de la denominada operación Cóndor.
