Abogados de DD.HH. anuncian ofensiva en tribunales contra torturadores

Las acciones legales partirán con Augusto Pinochet y pretenden seguir con el rol que jugó en los hechos tanto los militares como los civiles.

30 de Noviembre de 2004 | 11:59 | La Segunda en Internet, Prensa Latina
SANTIAGO.- Haciendo caso omiso al llamado del Presidente Ricardo Lagos, abogados de derechos humanos anunciaron hoy una ofensiva judicial en tribunales chilenos contra torturadores del gobierno militar.

El reconocimiento oficial de que la prisión y la tortura fueron una política institucional del Estado da pie a los juristas, contrario al deseo del Mandatario, a la persecución penal de los responsables del maltrato físico y psicológico a más de 35 mil personas en todo el país.

Los abogados Alfredo Morgado, Hugo Gutiérrez y Roberto Avila anunciaron hoy la primera querella por "asociación ilícita y aplicación de tormentos" tras la entrega del informe de la Comisión Nacional que durante varios meses investigó esas prácticas.

La acción legal partirá con el nombre de Augusto Pinochet y desglosará el rol que jugó en los hechos tanto los militares como los civiles que colaboraron con el régimen.

La querella, que será interpuesta esta semana, será fundamentada además en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile y que establecen que la tortura es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no es aplicable ni la amnistía ni la prescripción.

Así quedó reflejado en el fallo que hace dos semanas dictó la Sala Penal de la Corte Suprema para el caso del detenido desaparecido Miguel Sandoval, en el que por primera vez se aplicaron tratados internacionales por sobre la ley nacional.

"Ahora hay un reconocimiento de que hubo una política institucional y permanente por parte del Estado para torturar. Tal como se está tratando de hacer justicia en los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, acá hay un tema pendiente", dijo Morgado.

Los abogados toman contacto con quienes declararon haber sido torturados, pues independientemente de la reparación que les dará el gobierno -una pensión vitalicia de $112 mil mensuales (unos 190 dólares)-, las acciones penales "son irrenunciables", según dijeron.

Mireya García, representante de la Comisión Etica contra la Tortura, insistió la víspera en que los beneficios que entregará el gobierno no son un argumento para impedir la presentación de demandas contra el Estado, como pretende el Ejecutivo.

No obstante, los procesos por torturas han sido los que han mostrado menos avances en comparación con las causas por secuestro y ejecuciones y, por el paso del tiempo, los delitos más difícil de probar en los tribunales, según los especialistas.

Los juristas insisten en que el Informe Valech ahora -al igual que el Rettig para los casos de desaparecidos y ejecutados- podría llegar a ser considerado por algunos jueces como una prueba de que en Chile efectivamente se torturó.

Para hoy, en tanto, se tiene previsto que Morgado, perteneciente al gubernamental Partido por la Democracia (PPD), Gutiérrez, uno de los principales querellantes en juicios contra Pinochet, y Avila, del Partido Socialista, se reúnan para redactar la querella.

En ella, los abogados dijeron que quieren poner énfasis más allá de la responsabilidad de los agentes de inteligencia que aplicaron tormentos a prisioneros políticos.

"Hay que buscar quiénes fueron las personas que negaron la información a los tribunales de justicia, cuando se requerían datos sobre prisioneros y centros de detención", explicaron.
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