SANTIAGO.- La Cámara de Diputados aprobó hoy una indemnización de 1,5 millones de dólares del Estado para la familia del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes de la ex DINA.
En virtud de un acuerdo suscrito con Naciones Unidas el 19 de junio de 2003, el Estado se comprometió a pagar una indemnización de 1,5 millones de dólares a los familiares del funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El acuerdo, según establecieron las partes, debe ser ratificado por el Congreso chileno.
Carmelo Soria, que residía en Chile desde el final de la Guerra Civil española (1936-1939), fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Según consta en el proceso, amnistiado en 1996, el asesinato fue cometido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
La resolución de la Cámara de Diputados fue adoptada por 46 votos a favor, 38 en contra (de la oposición de derecha) y dos abstenciones.
La aprobación dejó la iniciativa en condiciones de ser revisada por el Senado.
UDI acusa doble estándar
Durante el debate en la Cámara Baja hubo un fuerte enfrentamiento entre parlamentarios concertacionistas y la UDI, que argumentó su voto en contra señalando que "hay un doble estándar" en el tema.
Ello, a juicio de los diputados, porque ha habido "numerosos" casos de familiares de otras víctimas de la violencia política que no han recibido indemnización alguna de parte del Estado.
Al respecto, Carmen Soria, hija del funcionario asesinado, dijo que le parece "un descaro" que los diputados de derecha "hablen ahora de derechos humanos cuando fueron cómplices de todo lo que pasó en Chile durante la dictadura".
El acuerdo entre Chile y la ONU se estableció después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto la ley de amnistía de 1978.
El acuerdo establece, además, que el Gobierno chileno reconozca en una declaración pública la responsabilidad del Estado por la acción de sus agentes y ordene levantar un monumento en memoria de la víctima en un lugar designado por su familia.
Tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, el proceso por el asesinato de Soria fue archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura.
Sin embargo, el caso volvió a los tribunales en octubre de 2003 a través de una querella entablada por Carmen Soria contra Augusto Pinochet, de la que se hizo parte el Estado.
