SANTIAGO.- Diversos organismos de Derechos Humanos, concretaron hoy la ya anunciada presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del acuerdo de la Corte Suprema de fijar un plazo de seis meses para el cierre de los sumarios de causas por violaciones a los derechos fundamentales.
El recurso ante la CIDH fue enviado hoy y busca que este organismo analice el tema y declare finalmente su ilegalidad.
El anuncio fue hecho por la abogada Alejandra Arriaza en representación de varios juristas de Derechos Humanos y por las distintas agrupaciones de familiares de víctimas del régimen militar.
La abogada reiteró que con su resolución, la Suprema "se está arrogando facultades que la ley no le concede. Ellos podrán dictar autos acordados, pero en ningún caso pueden entrar a modificar materias que son propias de la ley".
La jurista sostuvo que "los plazos razonables están garantizados para que una investigación sea seria, para que pueda conducirnos a acreditar el hecho punible y la participación de los responsables".
A juicio de Arriaza, con la fijación del plazo, que se cumple el 25 de julio próximo, se trunca la posibilidad de que se esclarezca la verdad y la justicia en Chile. "En definitiva está en favor de los violadores de los derechos humanos", declaró.
Las agrupaciones de Derechos Humanos sostuvieron que están cansadas de no tener ninguna respuesta de parte del máximo tribunal a todas las solicitudes de reconsideración y revisión que han presentado en el último tiempo, por lo cual no les quedó otra opción que recurrir al tribuinal internacional, no obstante que además se puedan tomar otras medidas, como una posible acusación constitucional.
"Frente a la proximidad de este plazo que se está cumpliendo, nosotros estimamos que ya hemos golpeado todas las puertas de instancia nacional y no nos queda otra que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", declaró la jurista.
El recurso fue presentado en favor de más de 200 personas, pero la abogada Arriaza afirmó que se reservrán el derecho de seguir ampliando la denuncia con más personas que se quieran adherir y con más víctimas.
