SANTIAGO.- El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Eduardo Fuentes Belmar, aplicó hoy una nueva tesis jurídica para el delito de secuestro calificado al rebajar la condena de la cúpula de la disuelta DINA por la desaparición de Víctor Olea Alegría y Mario Carrasco Díaz, ocurrida durante el régimen militar.
En este caso, el magistrado aplicó la figura de la prescripción gradual del delito, en virtud de la desarticulación definitiva de los organismos de seguridad que funcionaron en esa época.
Fuentes argumentó en su resolución que a partir del 11 de marzo de 1990, los organismos represivos dejaron de existir, por lo cual fijó en esa fecha la consumación del delito de secuestro.
Por eso decidió aplicar la prescripción gradual para los ilícitos y, por tanto, rebajó las condenas.
Así Manuel Contreras Sepúlveda, Raúl Iturriaga Neuman, Gerardo Urrich González, Alejandro Molina Cisternas, fueron sentenciados en calidad de autores de este delito, a 4 años de presidio menor en su grado máximo. Mientras Risiere Altez España fue condenado a sufrir la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.
Contreras, Iturriaga y Urich deberán cumplir su castigo en privación de libertad. En tanto, a Molina Cisternas obtuvo el beneficio alternativo de la libertad vigilada.
