SANTIAGO.- El pleno de la Corte Suprema resolvió hoy desaforar al general (r) Augusto Pinochet en el marco del Caso Riggs por tres de los cuatro delitos por los que la Corte de Apelaciones le había abierto causa en junio pasado.
Aunque aún no se conocen las votaciones, sí se sabe que los supremos se pronunciaron por capítulos tal como lo había hecho el Tribunal de Alzada capitalino.
De esta forma, el pleno confirmó el desafuero por los delitos de evasión tributaria, uso malicioso de instrumento público y omisión de información en una declaración jurada.
Así, el magistrado que herede los procesos que hasta ayer instruía el juez Sergio Muñoz tendrá la responsabilidad de interrogar a Pinochet y eventualmente procesarlo si es que considera que hay pruebas suficientes que acrediten los ilícitos.
Los delitos
Uno de los delitos investigados es la omisión que el ex Gobernante hizo al no declarar al Servicio de Impuestos Internos (SII) el patrimonio que manejaba en sus cuentas en el extranjero.
Según afirmó el abogado Rodrigo Véliz del SII, Pinochet omitió declarar 300 mil millones de pesos al fisco, lo que genera un perjuicio fiscal de 5.754 millones de pesos.
El otro delito que se imputa al retirado general es el uso de pasaportes adulterados para abrir cuentas en el extranjero así como la utilización de documentos de la Subsecretaría de Guerra en la que él informaba su patrimonio
A juicio del ministro Muñoz, ambas situaciones constituía en el delito de uso malicioso de instrumento público.
El tercer ilícito tiene que ver con la declaración de patrimonio que realizó Pinochet en 1989 cuando dejó el poder, en la que omitió todos los bienes que poseía en el extranjero.
El delito que fue revocado dice relación con que Pinochet realizó transacciones con sus fondos, aún cuando desde 1998 existía un embargo de sus bienes que había sido decretado por el juez español Baltasar Garzón cuando el general estaba detenido en Londres.
Aún no se conoce oficialmente la resolución, que podría tener detalles importantes como ocurrió en el caso Operación Colombo, oportunidad en que el máximo tribunal ordenó al ministro instructor del proceso realizar exámenes médicos antes de efectuar cualquier diligencia.
