SANTIAGO.- La Agrupación de Ex Presos Políticos de Chile solicitó hoy la reforma de la ley de reparación que les concedió beneficios, por considerar que otorga impunidad a los violadores de los derechos humanos.
La petición de quienes sufrieron de la tortura y la detención durante la dictadura fue hecha durante un congreso que se celebra este fin de semana en Santiago.
La ley surgió a raíz del trabajo de la Comisión Valech, que en 2004 certificó que unas 28.000 personas, de un total de 37.000 que prestaron testimonio, fueron encarcelados por causas políticas y padecieron la tortura durante el régimen militar.
Sobre la base del informe de la comisión, el Gobierno elaboró la ley que concedió beneficios sociales y económicos a las víctimas.
Los nombres de los torturadores se mantienen en reserva
Sin embargo, la normativa estableció la reserva, por un período de 50 años, de las identidades de los torturadores, lo que ha sido cuestionado por los antiguos presos y algunos sectores políticos.
La ley "no está hecha para proteger el conocimiento de la verdad y la justicia de lo ocurrido en esa época, sino esconder la identidad de los torturadores", afirmó Julio Aránguiz, presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos.
Agregó que el contenido de la normativa está en contradicción con la Convención internacional Contra la Tortura, que el Estado chileno firmó y ratificó.
Según el dirigente, "a los torturadores se les esconde la identidad y son favorecidos por el Estado", mientras a las víctimas se les entregan "magras" compensaciones.
En el congreso, los ex presos políticos examinarán un proyecto alternativo a la ley vigente, que posteriormente entregarán al Gobierno y al Parlamento.
En el encuentro estuvieron presentes los diputados Tucapel Jiménez, independiente apoyado por el Partido Por la Democracia (PPD), y el radical Alejandro Sule, quienes manifestaron su respaldo a las demandas.
