SANTIAGO.- La Comisión Investigadora sobre el Proceso de Concesiones Carcelarias, presidida por el diputado Javier Hernández, recibió a Ricardo Cheade y Jorge Massú, representantes de agrupaciones de Pymes de Antofagasta y Santiago afectadas con esta situación.
El problema surgió a raíz del modelo de concesión, producto del abandono de obras por parte de la concesionaria Bas Dos, lo que significó el cierre de faenas y la imposibilidad de que las empresas subcontratistas recibieran el pago por los trabajos realizados.
Massú señaló al sitio de la Cámara de Diputados que "nosotros hicimos un trabajo y no nos pagaron, ya llevamos cuatro años luchando por esto, porque muchos de nosotros perdimos casas, propiedades e importantes sumas de dinero. Nos han prometido soluciones pero todo se queda en promesas sin que exista una intención real de pago".
El empresario explicó que los dirigentes de las Pymes afectadas han presentado tres querellas individualizadas contra Besalco Bas Dos, Constructora Las Acacias y el ministerio de Obras Públicas, incluyendo acciones de tipo criminal por considerar que las subcontrataciones realizadas corresponden a fraude.
"Queremos que el ministerio de Obras Públicas se haga responsable, que nos paguen a nosotros las platas que dicen haberle pagado a Besalco, además de devolvernos todo el dinero que invertimos", recalcó.
Por su parte, el diputado Hernández explicó que la Comisión ha establecido que por los menos existen dos cárceles concesionadas a medio construir por las cuales se han pagado todas las exigencias que obligaba la licitación.
"En términos más simples si una licitación fue por 960 mil UF, finalmente se terminó pagando 1 millón 600 mil UF construyéndose sólo el 30 % de una de las dos cárceles que contemplaba ese contrato", explicó el parlamentario.