Vocero (s) de Gobierno y casos PDI: "Chile no es un país corrupto"

Neftalí Carabantes se refirió a la detención de los funcionarios de la Brigada de Antinarcóticos de la PDI, asegurando que son hechos "absolutamente" aislados.

13 de Febrero de 2009 | 09:28 | El Mercurio Online

SANTIAGO.- "Chile no es un país corrupto", recalcó el vocero (s) de Gobierno, Neftalí Carabantes, al referirse a la detención preventiva del Comisario de la Brigada Antinarcóticos de Investigaciones de Los Andes, Gonzalo Araya, y a la de otros tres funcionarios por su responsabilidad en el tráfico de marihuana incautada.


“Informes independientes señalan que Chile y sus instituciones funcionan bien. La PDI tiene un prestigio que por ningún motivo podemos enlodar por culpa de hechos individuales en este caso de determinados funcionarios”, afirmó el vocero (s) a radio Cooperativa.


Carabantes aseguró que el Gobierno confía plenamente en sus instituciones y que hechos como estos son “absolutamente” aislados, precisando que de una planta de 22 mil funcionarios, hay sólo cinco casos de corrupción detectados en un año.


El ministro (s) comentó que las policías, en sus escuelas matrices, se encargan de entregar los valores y los principios de las instituciones, incluso destacó que son éstas últimas las que han detectado a los funcionaros que se han apartado de la doctrina que imparten.


Respecto al activista mapuche, Miguel Tapia Huenulfa, quien en el momento de su detención tenía almacenado armamento de guerra y es investigado por varios ataques en la Región de la Araucanía, el ministro aseguró que ninguna ley en Chile está vetada.


“Toda norma jurídica, incluida la Ley Antiterrorista, que esté vigente en nuestro ordenamiento es aplicable por los Tribunales”, dijo el ministro (s).


Sus dichos confirmaron las palabras del vicepresidente, Edmundo Pérez Yoma, quien ayer declaró que en esta caso se aplicarán todas las medidas correspondientes, inclusive van a innovar la aplicación de la Ley Antiterrorista.


El ministro (s) insistió en que la calificación de los delitos le corresponden a los tribunales y que el Gobierno está interesado en que estos juicios avancen, se determinen las responsabilidades, se investiguen los hechos y se sancionen a los culpables, “sea por cualquier norma que este vigente”.

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