La Moneda se abre a analizar propuesta DC que permite intervenir empresas

El vocero de gobierno, Francisco Vidal, dijo que la Presidenta tiene la mejor disposición para estudiar la iniciativa, que fue presentada esta mañana por el líder de la DC, Juan Carlos Latorre.

02 de Marzo de 2009 | 14:44 | Fernando Jiménez, El Mercurio Online

SANTIAGO.- Una buena acogida tuvo en el gobierno la propuesta de la Democracia Cristiana que permite la intervención directa del Estado en algunas empresas en situación de quiebra y que fue presentada este lunes en La Moneda por el líder de la colectividad, Juan Carlos Latorre.


El documento fue expuesto a los ministros durante el primer comité político que se efectúa tras el término de las vacaciones, y será entregada al titular de Interior, Edmundo Pérez Yoma, el próximo miércoles por la Concertación en pleno.


Tras la reunión, el vocero del gobierno Francisco Vidal, confirmó que la Presidenta Michelle Bachelet tiene la mejor disposición para estudiar la iniciativa, pues representa "un elemento adicional más para ayudar a salir de la crisis en que estamos".


En tanto, Latorre destacó que ya no se trata solamente de una propuesta de su partido, sino de toda la Concertación, cuyos líderes entregaron su respaldo al texto en general.


Indicó además que el proyecto es "una forma de incorporación de recursos" a las empresas con el objeto de evitar quiebras e incrementos en el desempleo.


Según informó hoy El Mercurio, la fórmula contempla la creación de fondos de riesgo con recursos fiscales para inyectar capital a las compañías, a cambio de entrar a su propiedad bajo determinadas condiciones.


La propuesta también establece un mecanismo que permita la recompra de estos capitales, por parte de los dueños originales, de manera que la participación del Estado sólo sea por un período de tiempo limitado. En caso de que los anteriores dueños no quieran o no puedan hacerlo, el Estado tendría que poner obligatoriamente a la venta su participación.


Asimismo, se crearía una entidad, con participación pública y privada, que sería la encargada de establecer las condiciones que deben cumplir las empresas que quieran acogerse a esta posibilidad.

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