Diputada Soto y fiscal regional enfrentados por dos querellas por prostitución infantil

Parlamentaria sostuvo que en la V Región no hay fiscales idóneos, luego de presentar dos querellas tras la denuncia de una menor que acusa golpes de funcionarios de la PDI.

23 de Abril de 2009 | 22:11 | Audénico Barría, El Mercurio

VALPARAÍSO.- Una fuerte polémica protagonizaron la diputada PPD Laura Soto y el fiscal regional Jorge Abbott, luego que la parlamentaria descalificara la idoneidad de los fiscales de la Región de Valparaíso y solicitara el nombramiento de un juez especial de la Región Metropolitana para investigar dos querellas criminales interpuestas por ella por prostitución infantil y abuso de poder en la zona.

Ambas acciones legales se basan en testimonios de una menor, bajo protección dispuesta por la Corte Suprema, que denunció haber sido golpeada por funcionarios de la PDI para silenciar la red de prostitución en que participaba. En su denuncia, la parlamentaria involucró también a fiscales locales.

“A mí me parece que aquí en Valparaíso no hay ningún fiscal, ni el fiscal regional ni ninguno de ellos, que de garantías absolutas de una investigación absolutamente rigurosa, consciente y limpia en este caso. Por lo tanto, a mí parece que, aquí al menos, ninguno de los que hay debiera estar en la investigación”, dijo Laura Soto. Sostuvo que la fiscalía que había conocido los hechos denunciados había archivado los antecedentes.

A sus dichos reaccionó el fiscal regional Jorge Abbott, quien dijo que “la diputada miente y falta a la verdad cuando afirma que se ha acogido por la Corte Suprema un recurso de amparo en contra del Ministerio Público. Ello no es así”, sostuvo.

Calificó las afirmaciones de la diputada como graves y sin fundamento. “Podría atribuirle múltiples razones a una apreciación de esa naturaleza, pero la verdad que no es mi papel especular respecto de las razones que pueda tener esa opinión”, señaló.

Abbott dijo que las denuncias sobre una red de prostitución infantil están siendo investigadas, habiéndose dispuesto múltiples diligencias, pero existe reticencia de las víctimas a cooperar.

El fiscal regional, que encabezó una investigación contra la diputada Soto por fraude al fisco por uso de fondos destinados a planes de empleo en su campaña, no descartó una acción judicial contra la parlamentaria por sus dichos.

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