Pérez Yoma asegura que no tiene más antecedentes sobre intento de extorsión

El abogado del Gobierno, Luciano Fouillioux, denunció ante la justicia las amenazas contra un ministro de Estado y un miembro de un Tribunal Superior, en el marco del caso Leopard.

08 de Septiembre de 2009 | 11:45 | El Mercurio Online

El ministro del Interior declaró por oficio en el proceso por la compra de tanques Leopard I.

Héctor Aravena, El Mercurio

SANTIAGO.- El titular de Interior, Edmundo Pérez Yoma, aseguró esta mañana que no tiene más información sobre el intento de extorsión y amenazas contra un ministro de Estado y un miembro de un Tribunal Superior, que la entregada a la justicia por el abogado del Gobierno, Luciano Fouillioux.


"Tengo exactamente los mismos antecedentes que ustedes, ni más ni menos. Son las declaraciones que hizo Luciano Fouillioux ante el juez y que hoy día vienen reproducidas en los medios. Yo no tengo más información que eso", afirmó el jefe de gabinete, quien debió declarar por oficio en el proceso por la compra de tanques Leopard I que hizo Chile a Holanda en 1998.


Pérez Yoma sería uno de los afectados por las amenazas vertidas por un testigo del caso Leopard que, según el abogado de La Moneda, pidió dinero a cambio de no perjudicar a las autoridades y a las cúpulas del Ejército.


Según lo confirmado a "El Mercurio" por diversas fuentes, el 28 de agosto Fouillioux recibió un llamado telefónico del abogado Héctor Salazar -reconocido defensor de los Derechos Humanos-, quien le pidió una reunión urgente, porque debía entregarle importantes antecedentes.


La reunión se realizó a la hora de almuerzo del mismo día. Salazar asistió con su cliente, Pedro del Fierro Carmona, uno de los principales testigos en el caso Leopard, ya que fue el primero en contactar al Gobierno de Chile en representación de la holandesa RDM Technology para la compraventa de los tanques.


Ambos le dijeron que Del Fierro tenía una serie de antecedentes contenidos en un disco compacto. El abogado le explicó a Fouillioux que su cliente podía entregar una versión "A" ante el tribunal, menos perjudicial. En ese momento intervino Del Fierro, quien afirmó que ello costaría US$ 500 mil. De no pagar esa suma, entregaría una declaración "B", que eventualmente significaría un "escándalo político".


Salazar, según las fuentes, solicitó además que la autoridad aludida dictara un decreto que le otorgara a su cliente la calidad de exonerado político.


Ante la gravedad de la denuncia, el 1 de septiembre el juez Manuel Antonio Valderrama se reunió con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, para entregarle todos los antecedentes. De inmediato, este último resolvió designar al fiscal Xavier Armendáriz para que se hiciera cargo de investigar la verosimilitud de la denuncia.


Consultado sobre el tema, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, declaró que éste "está en el lugar que corresponde, en manos del ministro Valderrama". No obstante, se encargó de asegurar que "Chile no es un país para extorsionadores".

"Lo leí en el diario, pero ya está en el lugar que corresponde. Está en manos del ministro  Alberto Valderrama y dado que ésta es una situación nueva, está en manos del fiscal Armendáriz. Ahora, Chile no es un país para extorsionadores, no".

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