VALPARAÍSO.- En condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que fija un nuevo marco regulatorio para las empresas de menor tamaño, también conocido como Estatuto Pyme.
Ello, luego de que el Senado despachara, en forma unánime, la iniciativa que entre otras materias, sanciona la competencia desleal entre grandes adquirientes y pequeños proveedores, de modo que la empresa de menor tamaño afectada podrá demandar el monto de los perjuicios de acuerdo a las normas generales de la Ley de protección al consumidor.
Dicha acción podrá ser ejercida por el afectado personalmente, en demanda colectiva o bien representado por la entidad gremial que les agrupe.
Durante el debate intervinieron los senadores José García Ruminot, Guillermo Vásquez y Nelson Ávila, además del ministro de Economía, Hugo Lavados.
El senador García Ruminot explicó que "lamentablemente se ha podido comprobar que existen diversos abusos de parte de algunas cadenas de supermercados hacia sus pequeños proveedores, por ejemplo, les devuelven sus mercaderías después de uno o dos meses de haber estado en estanterías; o bien la demora excesiva y la búsqueda de excusas para demorar el pago a sus proveedores".
Por estas razones, aseguró que "ésta es una medida de justicia para que las micro y pequeñas empresas cuenten con instrumentos para impedir este tipo de conductas".
A su vez, el senador Guillermo Vásquez, aseguró que hasta el momento existe un vacío en cuanto a la competencia desleal entre grandes empresas y pequeños proveedores y, por esta razón es importante regular esta situación que se da en la relación vertical entre grandes empresas y pymes proveedoras.
En tanto, Nelson Ávila dejó constancia de que "la mayoría de las normas de este Estatuto Pyme llegan tarde y su efecto será relativo porque la monopolización creciente de la economía del país ha ido constriñendo el campo de acción de las micro y pequeñas empresas, de forma tal que muchas de las regulaciones que se intentan poner en práctica van a tener una consecuencia mucho menos favorable de lo que pudiéramos suponer".
En lo fundamental, el proyecto crea la División de Empresas de Menor Tamaño en la Subsecretaría de Economía, crea el Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño, con participación de un representante de las municipalidades, ya que éstas son responsables de varios de los trámites para constituir una micro o pequeña empresa.
Asimismo la iniciativa establece el marco normativo de los "Acuerdos de Producción Limpia", y de la ley que crea el "sistema voluntario para la reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis".
El texto legal define como empresas de menor tamaño a las microempresas, pequeñas y medianas. Las primeras son aquellas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento, es decir, más de $50 millones, en el último año calendario.
En tanto, serán consideradas pequeñas empresas aquellas cuyas ventas no excedan las 25.000 unidades de fomento, es decir, unos $500 millones en el último año; mientras que las medianas no podrán exceder las 100 mil unidades de fomento, es decir, unos $2 mil millones en sus ventas anuales.
