Trece adolescentes quedan libres porque fiscal no llegó a audiencias

La titular del Noveno Juzgado de Garantía, María Inés Laussen, tuvo que liberarlos luego que el Ministerio Público no entregara una respuesta satisfactoria respecto a la inasistencia de quien debía entregar los antecedentes de las detenciones.

04 de Marzo de 2012 | 19:45 | Por Leslie Ayala C., Emol
Jaime Bascur, El Mercurio.

SANTIAGO.- Una insólita situación quedó al descubierto en el Centro de Justicia de Santiago este domingo, cuando el fiscal de la Zona Occidente que tenía a su cargo, por turno, controlar las detenciones de los menores infractores formalizados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) en el bloque A.M., simplemente no se presentó en la audiencia.

Debido a la inasistencia, trece jóvenes tuvieron que ser liberados.

El tribunal dejó constancia de lo sucedido debido a la gravedad del hecho y sus consecuencias, pues la magistrada a cargo de los controles, María Inés Laussen, debió dejar en libertad a los menores ante la ausencia injustificada del Ministerio Público.

Cabe recordar que la justicia reformada impide tener a un imputado más de 24 horas detenido sin que se haya controlado si su aprehensión se ajustó a derecho, lo que en este caso no se pudo comprobar por que no se presentó el fiscal encargado de detallar los hechos.

Descoordinación

El tribunal debió informar del retraso de las audiencias a la Fiscalía Occidente. Allí informaron que la prosecutora Carolina Miranda era la encargada de los controles de detención de adolescentes este domingo.

Pero esta respuesta no fue acorde a lo que la propia fiscal le habría informado el día anterior (ayer sábado) al tribunal, respecto a que ella no estaba de turno este domingo 4 de marzo, por lo que no se presentaría.


El Ministerio Público insistió ante la titular del Noveno Juzgado de Garantía que la fiscal Miranda era la encargada, por lo que a las 11:25 horas se dio inicio a las audiencias con la presencia del defensor y la ausencia del representante del ente que sostiene las acciones penales.

La grave descoordinación deberá ser investigada en el plano administrativo por la propia Fiscalía Occidente, junto al establecimiento de eventuales sanciones por lo ocurrido.

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