Fiscal considerará "idiosincrasia" de patagones en investigación por Ley de Seguridad

PUERTO AYSÉN.- Tras cruzar caminando entre las barricadas del puente Presidente Ibáñez, el fiscal regional de Aysén, Luis Contreras, señaló que hoy ordenará las primeras diligencias indagatorias por las 22 personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado.

El persecutor estimó que las diligencias podrían verse interrumpidas por los bloqueos. "Efectivamente, muchas se van a desarrollar en la ciudad y, por lo tanto, la existencia de barricadas y caminos cortados claramente no ayudan al desarrollo de la investigación", dijo.

Pero junto con eso, Alfaro aclaró que un factor determinante en las diligencias y eventuales conclusiones del proceso investigativo, estarán relacionados con el carácter de los habitantes de la Patagonia.

"Hay que considerar algo que también es importante en este caso, que es la propia idiosincrasia de la gente que vive en la región. He vivido aquí hace varios años, y probablemente hay conductas y formas de expresarse que no necesariamente sean bien entendidas por gente que vive en otras partes del país", explicó.

En esa línea, agregó: "Por ejemplo, yo no he tenido problemas para pasar entre las barricadas y la gente. Si usted a las personas les habla en un tono normal y coloquialmente, con palabras no tan golpeadas y rápido, como se habla en otras regiones, no tiene absolutamente ningún problema".

Alfaro recordó además que "hemos tenido casos de detenciones civiles en que la propia ciudadanía llama a la policía, porque les interesa mantener el orden público. El trabajo que vamos a desarrollar no puede ser a la fuerza, porque a lo mejor no podría realizarse".

Respecto al plano investigativo, el persecutor explicó que a partir de hoy existe un plazo de 25 días para realizar las diligencias, las que se harán de manera autónoma por parte del Ministerio Público y otras en conjunto con la PDI.

Estas últimas implicarán toma de declaración a los querellados -se realizarán la próxima semana-; la solicitud de audios e imágenes a la prensa, y así como declaraciones de la Intendencia y de funcionarios de la Cámara de Comercio de la ciudad.

Alfaro confirmó, por último, que presentó una solicitud de inhabilidad respecto de seis de las 22 personas querelladas por haber cometido estos supuestos delitos en Lago Verde y Puerto Cisne, localidades que están fuera de su jurisdicción.