SANTIAGO.- El vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz, reconoció que los tribunales deberán considerar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acogió la demanda presentada por la magistrada Karen Atala, quien acusó al Estado de Chile de discriminarla porque el máximo tribunal consideró su orientación sexual al momento de decidir la tuición de sus tres hijas.
"Desde luego que esto va a tener que ser considerado por los tribunales (chilenos), pero los tribunales son independientes en el sentido de tomar las decisiones en el momento que corresponde y de acuerdo a los antecedentes que se acompañen por los litigantes", señaló el portavoz.
Asimismo explicó que en este caso el demandado no fue el Poder Judicial, sino el Estado que finalmente resultó condenado. En esa línea argumental, expresó que como "la administración del Estado la tiene el Poder Ejecutivo creemos que ellos son los que van a tener que implementar la forma en que se va a desarrollar éstas decisiones de la CIDH".
Acto desagravio
Justamente, una de las enmiendas que solicita este tribunal internacional es la realización de un acto de desagravio para Atala que cuente con la presencia de funcionarios del Poder Judicial. Al respecto, el ministro Rodríguez señaló que eso será analizado cuando sea el momento adecuado.
"Ahí habrá que coordinarlo y en ese momento se resolverá quienes asisten a ese acto, quienes no. La verdad es que nosotros no tenemos esa iniciativa. Si el Poder Ejecutivo nos invita evaluaremos la posibilidad de asistir o no, según la circunstancia, pero yo no puedo darle una respuesta en este momento anticipada, porque también es probable que el Ejecutivo haga un acto por su cuenta independiente del Poder Judicial", expresó.
El vocero de la Suprema, quien no participó del cuestionado fallo del máximo tribunal, explicó que ese dictamen fundamentalmente se centró en el bien superior de las niñas y no en la opción sexual de Atala, por lo que a su juicio se trató de un criterio distinto de jueces y no de discriminación.
"El fallo fundamentalmente se centró no tanto en la opción sexual de la señora Atala, sino en la posibilidades de riesgo que pudieron haber tenido en ese momento la situación de las niñas por el principio del interés superior", expresó.
Asimismo, destacó que el Poder Judicial ya ha adoptado medidas estipuladas en el fallo como la realización de capacitaciones para jueces y ministros sobre igualdad de género y discriminación, mencionado seminarios que abordaron esas temáticas en el 2010 y 2011.