Oficinas públicas podrían usar sistemas de control para interceptar a prófugos de la justicia

La iniciativa unificará la información sobre los fugitivos y evitará que accedan a prestaciones económicas del Estado.

03 de Mayo de 2012 | 14:33 | Emol

SANTIAGO.- Listo para ser votado por la Sala del Senado quedó el proyecto, en segundo trámite, que crea un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, con la finalidad de facilitar la persecución coordinada y eficaz de los imputados y condenados fugados.


Ello, luego de que la Comisión de Hacienda despachara los artículos relativos al financiamiento de la nueva iniciativa, que definirá quiénes tendrán la calidad de fugitivos, qué anotaciones se practicarán en el órgano estatal y las instituciones y personas que tendrán acceso a éste.


Así lo afirmó el senador José García Ruminot, presidente de la instancia, quien explicó que contempla la posibilidad de diferir el otorgamiento de determinadas prestaciones económicas a cargo del Estado a los prófugos y establece para ciertos organismos la facultad de implementar sistemas de control de acceso a sus dependencias.


"Hoy existe una suerte de catastro, de listado de prófugos de la justicia pero no siempre está al día y  no tiene el carácter de ser oficial. Por lo tanto, se podrá evitar por ejemplo que una persona con esta condición de prófugo pueda ir a una municipalidad, y cómo no está advertida, se le puede entregar licencia de conducir", dijo.


Agregó que "con este registro las municipalidades tendrán la posibilidad de no otorgar la licencia de conducir, así como otros beneficios del Estado como los subsidios habitacionales y otras prestaciones económicas a estas personas".


En ese sentido, García Ruminot puntualizó queeste registro permitirá que las personas en esta condición "se verán conminadas a regularizar su situación ante la justicia".


Según cifras del Ministerio Público, el número de fugitivos asciende a unos 10 mil, cifra que no coincide con las que están en poder de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI).

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