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Santiago: Lunes 13 de enero del 2025 | Actualizado 11:27
SANTIAGO.- El guardia de seguridad Marco Antonio Reyes Gacitúa recibirá $5 millones por parte del Estado de Chile luego que la Corte Suprema determinara que el fisco debe hacerse cargo de los perjuicios que sufrió este ciudadano al ser detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de un error de procedimiento.
El máximo tribunal del país confirmó que la aprehensión, que no se ajustó a derecho, provocó un perjuicio en Reyes por un actuar negligente de los organismos del Estado, en este caso un funcionario policial que lo detuvo al confundirlo con otra persona que tenía el mismo apellido.
"Se decidió que el menoscabo moral fue un consecuente del delito, habida cuenta la naturaleza del bien jurídico que éste ampara, y que la pretensión civil incoada en esta sede no tiene como base hechos que sean extraños a lo obrado por el autor en su condición de funcionario de la administración del Estado", señala el fallo.
La génesis
El 4 de febrero de 2004 el guardia de seguridad Marco Antonio Reyes Gacitúa participó en la detención de una persona que intentó cobrar un cheque en una sucursal bancaria, siendo la persona puesta a disposición de los tribunales.
El 16 de febrero del mismo año el inspector de la PDI concurre hasta el lugar de trabajo de Reyes Gacitúa para entregar una citación a declarar en el proceso abierto por la detención que encabezó y en la que figuraba como testigo.
Cuatro días más tarde, el guardia fue hasta el cuartel Borgoño de la PDI para ser interrogado como testigo del caso y mientras estaba en el recinto policial un inspector le dice que va a tener que quedar detenido por una órden de aprehensión pendiente que supuestamente había en su contra de un juzgado del crimen.
Reyes Gacitúa permaneció en un calabozo y 24 horas después otro policía se dio cuenta que hubo un error en su arresto y lo liberaron. Esto porque la persona contra la cual existía una orden de detención pendiente tenía sus mismos apellidos, pero se llamaba "Pedro", un proceso judicial que -por lo demás- estaba archivado.
Toda esta situación motivó una querella contra la PDI por detención ilegal. El inspector Cristián González fue condenado a 41 días de presiodio y hoy el Estado deberá cancelar los perjuicios del accionar de este funcionario público.
