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Santiago: Martes 16 de abril del 2024 | Actualizado 01:52
SANTIAGO.- El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago realiza a esta hora una nueva audiencia en el marco de la investigación del caso 27-F, donde se revisa la solicitud de sobreseimiento presentada por cuatro de los siete imputado por la fallida alerta de tsunami que cobró la vida de 156 personas y dejó 25 desaparecidos.
Se trata de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex subsecretario Patricio Rosende, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, y el ex jefe de Oceanografía del SHOA, Andrés Enríquez -todos ausentes en esta instancia- quienes requirieron discutir una salida tras ser formalizados por la Fiscalía Occidente por el delito de cuasidelito de homicidio.
El primero en exponer sus argumentos fue el abogado Samuel Donoso -quien encabeza la defensa de Rosende- enfatizando que su representado operó en base al "principio de confianza" respecto a la información entregada por los organismos especializados, específicamente el SHOA y la Onemi.
Asimismo, recalcó que la madrugada del 27 de febrero de 2010 se produjo un "colapso de Estado" que hizo imposible reaccionar adecuadamente, enfatizando que tampoco se entregó la información suficiente para decretar una alerta de tsunami.
El abogado insistió que "la propia investigación avala que los organismos técnicos no cumplieron" con su rol.
"Nuestro posición, y por eso hemos solicitado el sobreseimiento definitivo, es que no existe delito ni participación respecto de don Patricio Rosende y consideramos que en el proceso debiera declararse por parte de los tribunales de justicia la falta de responsabilidad de él y ponerle término al proceso respecto de don Patricio", dijo el profesional.
La defensa de Fernández, en tanto, basará su alegato en la inexistencia del tipo penal que se le atribuye a su clienta.
"Creemos que los cargos formulados tienen respuesta y que incluso la propia investigación demuestra con sufiente consistencia la inocencia de mi representada", explicó Luciano Fouillioux, estableciendo que en caso de no acogerse su requerimiento, acudirá a la Corte.
Por su parte, la abogada de Enríquez, Paula Vial, argumentó que planteará ante el tribunal que el ex jefe de Oceanografía no tiene responsabilidad en los hechos estructurados por el Ministerio Público ya que los organismos encargados de entregar la información "tenían una base incorrecta a partir de la cual lo que señalaron no resultó ser efectivo en definitiva, pero que en ese momento parecía correcto".
En tanto, para el defensor Carlos Pérez -que representa a Johaziel Jamett- "la responsabilidad de ese día estaba radicada necesariamente en las autoridades locales, regionales y provinciales", estableciendo que "el COE nacional no tenía la obligación de difundir la alarma".
